El Gobierno nacional remitió al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027 con un fuerte énfasis en la consolidación del equilibrio fiscal, pero la iniciativa vuelve a encender las alarmas en los sectores científico, tecnológico y universitario debido a la continuidad de las restricciones presupuestarias y a la incorporación de mecanismos de control sobre la utilización de los fondos públicos.
La propuesta oficial prevé asignaciones para los principales organismos del sistema científico nacional que acompañan la pauta inflacionaria estimada por el Ejecutivo para el próximo año, fijada en torno al 18%. Sin embargo, especialistas y referentes del sector advierten que el escenario podría derivar en una nueva pérdida de financiamiento real en caso de que la inflación efectiva supere las proyecciones oficiales, como ocurrió en ejercicios anteriores.
Entre los organismos alcanzados por las partidas presupuestarias se encuentran el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i) y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE). Aunque recibirán incrementos nominales en sus recursos, el sector sostiene que aún no logró recuperar la significativa pérdida de poder adquisitivo acumulada en los últimos años.
De acuerdo con distintos análisis presupuestarios, el sistema científico arrastra una reducción cercana al 35% en términos reales desde diciembre de 2023, situación que impactó en el funcionamiento de institutos, programas de investigación, becas, infraestructura y proyectos estratégicos vinculados al desarrollo tecnológico nacional. En ese contexto, investigadores y autoridades académicas consideran que el nuevo presupuesto consolida una política de contención del gasto que limita las posibilidades de expansión y recuperación del sector.
El panorama aparece todavía más complejo para los organismos vinculados al desarrollo productivo y tecnológico. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) registraría una disminución nominal de partidas del 12,4% para el próximo ejercicio, mientras que el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) afrontaría una reducción nominal del 5,2%. Ambos organismos acumulan fuertes retrocesos presupuestarios en términos reales durante los últimos años.
En el caso del INTA, el recorte acumulado supera el 43% en valores constantes, afectando programas de investigación, extensión rural y asistencia técnica destinados a productores de todo el país. El INTI, por su parte, enfrenta una pérdida cercana al 49% de sus recursos reales, un escenario que genera preocupación por su impacto en áreas estratégicas relacionadas con la innovación industrial, la certificación de calidad y la competitividad de las empresas nacionales.
Universidades: recursos por debajo de los reclamos del sistema académico
Uno de los puntos más sensibles del proyecto se encuentra en el financiamiento de las universidades nacionales. El texto enviado al Congreso contempla una asignación de 7,34 billones de pesos para el sistema universitario, una cifra considerablemente inferior a los más de 11 billones de pesos que había reclamado el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), organismo que reúne a los rectores de las universidades públicas de todo el país.
La diferencia entre los recursos solicitados por las casas de estudio y los montos incluidos en la iniciativa oficial vuelve a poner en discusión la sustentabilidad financiera de las universidades nacionales. Durante los últimos años, rectores, docentes, investigadores y estudiantes advirtieron sobre las dificultades para sostener el funcionamiento cotidiano de las instituciones, cubrir costos operativos, financiar actividades académicas y garantizar el desarrollo de proyectos de investigación y extensión.
Diversos sectores universitarios sostienen que la brecha entre las necesidades presupuestarias y las partidas previstas podría traducirse en mayores dificultades para afrontar gastos de funcionamiento, mantenimiento edilicio, actualización tecnológica y programas de apoyo estudiantil. Además, remarcan que las universidades cumplen un rol central en la formación de profesionales, la producción de conocimiento y el desarrollo regional, por lo que cualquier reducción de recursos impacta de manera directa sobre la calidad del sistema de educación superior.
Una cláusula de control que abre un nuevo frente de conflicto
Más allá de las cifras asignadas, uno de los aspectos que concentra la mayor atención política e institucional es la incorporación de una cláusula incluida en el Capítulo II del proyecto presupuestario.
La disposición establece que las universidades nacionales deberán informar y detallar la finalidad de sus gastos ante el Ministerio de Capital Humano. Asimismo, faculta al Poder Ejecutivo a suspender o interrumpir las transferencias de fondos en caso de considerar que las instituciones no cumplen con las exigencias establecidas.
La medida generó cuestionamientos en distintos ámbitos académicos debido a que algunos sectores interpretan que podría afectar la autonomía universitaria, principio consagrado por la legislación vigente y considerado uno de los pilares del sistema universitario argentino. Desde el oficialismo, en cambio, argumentan que la iniciativa busca fortalecer los mecanismos de transparencia y control sobre la administración de los recursos públicos.
De esta manera, el debate por el Presupuesto 2027 no solo estará marcado por la discusión sobre los montos destinados a ciencia, tecnología y educación superior, sino también por el alcance de las nuevas herramientas de supervisión previstas para las universidades nacionales. Con el inicio del tratamiento legislativo, se espera que estos puntos se conviertan en algunos de los ejes centrales de la discusión parlamentaria durante las próximas semanas.