El proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) entró en una etapa decisiva tras la presentación de ofertas por parte de dos grupos interesados en quedarse con el control de la compañía. La operación forma parte del plan oficial de reducción de la participación estatal en empresas públicas y podría definirse en las próximas semanas.
El Gobierno recibió este martes las propuestas para adquirir el paquete accionario estatal de AySA, la empresa encargada de prestar los servicios de agua potable y desagües cloacales en la Ciudad de Buenos Aires y gran parte del conurbano bonaerense.
La privatización contempla la venta del 90% de las acciones actualmente controladas por el Estado nacional, mientras que el 10% restante permanecerá en manos de los trabajadores a través del Programa de Propiedad Participada.
Cuánto espera recaudar el Gobierno
Las estimaciones oficiales apuntan a obtener alrededor de US$500 millones por la transacción.
Sin embargo, el precio de compra no será el único requisito. El futuro operador deberá comprometerse a realizar un importante plan de inversiones destinado a expandir la infraestructura y mejorar la calidad del servicio.
Según las condiciones de la licitación, la empresa adjudicataria deberá desembolsar aproximadamente:
- US$2.000 millones durante los primeros cinco años.
- Más de US$15.000 millones a lo largo de los 30 años de concesión previstos.
Cómo será la nueva estructura de control
El esquema diseñado para la operación establece que al menos el 51% del capital accionario quede en manos de un operador estratégico con experiencia en servicios de agua y saneamiento.
El objetivo es que la compañía quede bajo control de un grupo con capacidad técnica, financiera y operativa para afrontar las inversiones requeridas.
El resto de las acciones estatales podrá colocarse posteriormente en los mercados financieros.
Qué etapas faltan
La presentación de ofertas no implica una adjudicación inmediata.
Ahora comenzará una etapa de evaluación en la que se analizarán:
- Antecedentes técnicos.
- Capacidad financiera.
- Solvencia patrimonial.
- Cumplimiento de requisitos legales.
- Propuestas de inversión.
Una vez completado ese proceso se abrirán las ofertas económicas definitivas y se avanzará hacia la adjudicación.
De acuerdo con el cronograma previsto, la definición podría demorar alrededor de 45 días, aunque el plazo dependerá de eventuales impugnaciones y revisiones administrativas.
Una de las privatizaciones más importantes de la gestión
La venta de AySA representa una de las operaciones más relevantes dentro del programa de privatizaciones impulsado por el Gobierno.
La empresa volvió al control estatal en 2006 y desde entonces se convirtió en una de las principales prestadoras de servicios públicos del país.
Por su tamaño, cantidad de usuarios y carácter estratégico, la transferencia al sector privado aparece como uno de los procesos más significativos dentro del plan oficial de reforma del Estado.
Además del componente operativo, el Gobierno busca que las privatizaciones aporten divisas al Tesoro. Las proyecciones oficiales estiman ingresos por ventas de activos públicos de US$800 millones durante 2026 y US$1.500 millones en 2027.
Qué pasará con las tarifas
Uno de los principales interrogantes es el futuro del esquema tarifario.
La privatización no implica la eliminación del marco regulatorio vigente. El servicio continuará funcionando bajo un sistema de concesión sujeto a controles regulatorios y obligaciones de inversión.
Las tarifas seguirán siendo supervisadas por los organismos competentes, aunque el futuro operador deberá cumplir metas vinculadas a:
- Calidad del servicio.
- Expansión de redes.
- Cobertura de agua potable.
- Infraestructura cloacal.
- Mantenimiento de instalaciones.
AySA ya transitaba un proceso de recomposición tarifaria desde 2024 con el objetivo de reducir la dependencia de subsidios estatales.
Un proceso bajo análisis judicial
La privatización también enfrenta cuestionamientos en la Justicia.
En los últimos días, un tribunal intervino en una causa vinculada al futuro contrato de concesión y remitió actuaciones al ámbito federal para analizar aspectos relacionados con las condiciones de prestación del servicio.
La decisión no suspendió ni anuló la privatización, pero añade una instancia de revisión sobre algunos puntos del esquema previsto.
La definición se acerca
Con la recepción de ofertas, el proceso entra en su fase más importante. Durante las próximas semanas se determinará cuáles de los grupos interesados cumplen los requisitos exigidos y qué propuesta resulta más conveniente para el Estado.
Si no surgen obstáculos significativos, la adjudicación podría concretarse antes de fin de año, convirtiendo a AySA en una de las empresas públicas más importantes transferidas al sector privado durante la actual gestión.