La Casa Rosada ya trabaja en un plan para enfrentar lo que considera inevitable: la judicialización de la reforma laboral, que obtuvo media sanción en el Senado y se encamina a ser tratada en Diputados. Según fuentes oficiales, tres áreas clave diseñan la estrategia con la mira puesta en la Corte Suprema de Justicia.
Los equipos a cargo
La coordinación está en manos de:
- María Ibarzabal Murphy, secretaria de Legal y Técnica.
- Santiago Castro Videla, procurador del Tesoro Nacional.
- Sebastián Amerio, segundo del Ministerio de Justicia.
Los tres son figuras cercanas al asesor presidencial Santiago Caputo, y trabajan en escenarios posibles de litigios que podrían escalar hasta el máximo tribunal.
Los puntos más conflictivos
El Gobierno espera planteos judiciales en dos frentes principales:
- Justicia laboral nacional:
- El traspaso de la Justicia del Trabajo a la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- El cierre de 30 de los 80 juzgados nacionales sin magistrados designados.
- La Asociación de Magistrados y el gremio de empleados judiciales, encabezado por Julio Piumato, ya expresaron su rechazo.
- Convenios colectivos y derechos laborales:
- La posibilidad de que convenios de empresa o región prevalezcan sobre convenios nacionales, incluso con condiciones menos favorables.
- La limitación de la ultraactividad de los convenios colectivos, que hasta ahora mantenían vigencia aunque estuvieran vencidos.
- La reducción de indemnizaciones y multas a empleadores.
Antecedentes judiciales
Los gremios cuentan con precedentes favorables:
- Lograron amparos contra el DNU 70/23.
- La justicia laboral suspendió y declaró inconstitucional el capítulo laboral de la Ley Bases, un antecedente que el oficialismo no olvida.
En ambos casos, las presentaciones llegaron a la Corte Suprema, que aún no resolvió definitivamente el DNU.
La visión oficial
En el Gobierno celebran el avance sobre la justicia laboral, a la que acusan de “discrecionalidad” y de alimentar la llamada “industria del juicio”. Consideran que el traspaso a la Ciudad salda una deuda de más de 30 años con la autonomía porteña.
Sin embargo, reconocen que los sindicatos y sectores judiciales no tardarán en presentar recursos. “Creemos que los primeros que van a judicializar son los judiciales”, admitieron en Balcarce 50.
Próximos pasos
Por ahora, la prioridad está en asegurar la aprobación en Diputados. Pero en paralelo, el oficialismo ya diseña la defensa legal para sostener la reforma frente a los tribunales. La expectativa es que, una vez sancionada, los planteos escalen rápidamente y terminen en la Corte Suprema, donde se librará la batalla definitiva.