El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires puso en marcha un plan integral de ordenamiento territorial en la Villa 31, con el objetivo de contener el avance de construcciones informales y reforzar la seguridad en uno de los barrios más densamente poblados de la Capital. La estrategia incluye controles de acceso, clausuras de corralones ilegales, desalojos de ocupaciones no autorizadas y un despliegue policial permanente en puntos estratégicos.
El esquema fue coordinado por la Jefatura de Gabinete junto a las áreas de Seguridad, Espacio Público, Desarrollo Humano y Hábitat y la Secretaría Legal y Técnica. “Orden en la Villa 31. Acá no hay zonas liberadas. No hay excepciones. No hay lugares donde la ley es opcional”, afirmó el jefe de Gobierno, Jorge Macri, al anunciar las medidas. Según explicó, el ingreso de materiales de construcción quedó restringido para evitar nuevas ampliaciones y el crecimiento descontrolado del barrio.
Cambios en accesos y presencia policial
Desde este jueves, cinco de los 13 ingresos vehiculares fueron transformados en calles peatonales, tres quedaron bajo vigilancia permanente de la Policía de la Ciudad y otros mantienen controles ya existentes. Además, se instalaron bolardos, se modificaron sentidos de circulación y se desplegaron retenes móviles con operativos rotativos de fiscalización. Los procedimientos se concentraron en sectores clave como Colibrí y Ramos Mejía, Yaguareté e Islas Galápagos, y Colibrí y Alberto Chejolán, en el límite con el Barrio Saldías.
Urbanización inconclusa y tensiones internas
El endurecimiento de los controles expone las limitaciones del proceso de urbanización iniciado en 2016 bajo la Ley 6.129. Pese a las obras de infraestructura y servicios básicos, el barrio siguió expandiéndose de manera informal. Según datos oficiales, la Villa 31 ocupa unas 72 hectáreas y alberga a cerca de 45 mil personas. La expansión vertical mediante la venta de “espacios aéreos” y la proliferación de construcciones sin regulación se convirtieron en prácticas habituales.
En paralelo, el mercado inmobiliario informal dentro del barrio continúa en crecimiento. Alquilar una vivienda puede costar entre $300 mil y $1 millón mensuales, mientras que los locales comerciales alcanzan valores de hasta $1,8 millones. Sin acceso al sistema formal de alquileres, la demanda sostiene un circuito paralelo donde las condiciones edilicias y contractuales quedan fuera del control estatal.
Operativos contra actividades ilegales
El plan también incluyó la erradicación de estructuras informales y actividades clandestinas. En las últimas semanas se desalojaron instalaciones montadas sobre veredas, se removieron un lavadero de autos y una gomería en desuso, y se desarticuló una feria ilegal sobre la calle Perette. Asimismo, se realizaron operativos contra puntos de venta de droga, incluyendo la demolición de una casilla utilizada como búnker. “Tiramos abajo un búnker y seguimos mejorando la seguridad. No podemos permitir que el crecimiento descontrolado siga poniendo en riesgo a los vecinos”, sostuvo Macri.
De la urbanización a la regulación
Las nuevas medidas marcan un giro en la estrategia oficial: de la urbanización progresiva hacia un esquema de mayor regulación y control territorial. El impacto de esta transición sobre la dinámica interna del barrio y el acceso a la vivienda permanece abierto, mientras se reaviva el debate sobre cómo compatibilizar el derecho a la ciudad con la necesidad de ordenamiento urbano.