El presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra, presentó este jueves una acción colectiva de amparo para que se declare la inconstitucionalidad de dos artículos de la Ley 27.802 de “Modernización laboral”. Se trata de los artículos 10 y 56, que modifican disposiciones centrales de la Ley de Contrato de Trabajo y que, según la institución, afectan de manera directa el ejercicio profesional de la abogacía laboral.
La norma fue promulgada a comienzos de marzo tras su aprobación en ambas Cámaras del Congreso con el respaldo del oficialismo y aliados. Sin embargo, el Gobierno aún no concluyó la elaboración del decreto reglamentario, lo que mantiene en suspenso la aplicación de aspectos clave, como la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y el procedimiento para habilitar sindicatos de empresa.
Argumentos contra la reforma
Gil Lavedra, ex camarista que integró el histórico tribunal que juzgó a los comandantes de la última dictadura, advirtió que las disposiciones cuestionadas generan un perjuicio concreto para la profesión. “La norma que dispone el pago en cuotas de la indemnización crea una desigualdad irritante del crédito laboral, que posee carácter alimentario”, sostuvo.
El segundo artículo objetado establece la responsabilidad del abogado por reclamar indemnizaciones consideradas excesivas, lo que —según el Colegio— compromete el derecho de defensa y coloca a los profesionales en una situación de riesgo frente al ejercicio de su labor.
Impacto sobre derechos constitucionales
La presentación se fundamenta en la afectación de garantías básicas como el derecho a trabajar, el derecho de propiedad y la igualdad ante la ley. La coordinadora Legal y Técnica del Colegio, Alejandra García, subrayó que “no se trata de la defensa de un interés sectorial, sino de resguardar garantías constitucionales básicas, como el derecho de defensa, la igualdad ante la ley y la efectiva protección de derechos de naturaleza alimentaria”.
Tanto Gil Lavedra como García alertaron que las disposiciones cuestionadas no solo afectan a los profesionales de la abogacía, sino también al acceso a la justicia de los trabajadores y trabajadoras, al limitar las condiciones en que pueden reclamar sus derechos.
Pedido de medida cautelar
El Colegio Público de Abogados solicitó además el dictado de una medida cautelar que suspenda la aplicación de los artículos impugnados mientras se resuelve la cuestión de fondo. La institución considera que la reforma laboral, en los puntos señalados, introduce un régimen que vulnera principios constitucionales y compromete la tutela efectiva de los derechos laborales.