El Ministerio de Seguridad, conducido por Alejandra Monteoliva, dispuso que durante las movilizaciones contra la reforma laboral los periodistas deberán ubicarse en una “zona exclusiva” en Hipólito Yrigoyen al 1700, lado par. La medida, que según la cartera busca “resguardar la integridad” de los trabajadores de prensa, advierte que cubrir incidentes fuera de ese perímetro podría implicar una “autopuesta en peligro”.
La decisión generó un inmediato rechazo del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA) y de la Asociación de Corresponsales Extranjeros de la República Argentina (ACERA), que denunciaron un intento de limitar el ejercicio de la libertad de expresión y de obstaculizar la labor periodística en un contexto de alta conflictividad social.
Antecedentes de represión y advertencias oficiales
El anuncio se produce en la previa al tratamiento de la reforma laboral en la Cámara de Diputados y se extiende para los días 18, 19 y 20 de febrero. El Ministerio justificó la disposición en la necesidad de “reducir situaciones de riesgo”, aunque la medida también implica que no haya cámaras ni testigos en caso de un eventual avance represivo.
El antecedente inmediato es la represión ocurrida el 11 de febrero, cuando fuerzas de seguridad desalojaron la Plaza de los Dos Congresos durante el debate en el Senado. Hubo heridos con balas de goma, gases lacrimógenos y detenidos, y el operativo se prolongó hasta entrada la noche. En ese marco, Monteoliva advirtió en su comunicado: “Ante hechos de violencia, nuestras fuerzas actuarán”, frase que fue interpretada como una amenaza hacia manifestantes y periodistas.
Rechazo sindical y de corresponsales extranjeros
Agustín Lecchi, secretario general de SIPREBA, recordó que en la represión del 12 de marzo, cuando resultó herido el periodista Pablo Grillo, la responsabilidad del gendarme Héctor Guerrero pudo establecerse gracias a las cámaras de televisión y a los registros de reporteros gráficos y manifestantes. “Ahora el Gobierno vuelve a incurrir en estas prácticas, pero de una forma más grave y burda, al anticipar que van a reprimir particularmente a la prensa y responsabilizar a quienes estamos trabajando si nos pasa algo”, señaló.
En un comunicado, SIPREBA advirtió que las condiciones impuestas por el Ministerio son “incompatibles con las convenciones de derechos humanos” y que trasladan a los periodistas la obligación estatal de garantizar la protección de la protesta.
Por su parte, ACERA sostuvo que la medida “obstaculiza el derecho a buscar y difundir información” y vulnera el derecho de la sociedad a recibir información veraz y oportuna. La organización recordó que, según estándares internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de Naciones Unidas, corresponde al Estado garantizar el máximo nivel de protección a los periodistas en contextos de conflictividad social.
Un debate sobre libertad de prensa y protesta social
La disposición del Ministerio de Seguridad abre un nuevo frente de discusión en torno al rol de la prensa en las manifestaciones y al alcance de las garantías constitucionales. Mientras el Gobierno insiste en que busca reducir riesgos, las organizaciones periodísticas denuncian un efecto intimidatorio y advierten que la medida podría derivar en un blindaje informativo frente a eventuales abusos de las fuerzas de seguridad.
El conflicto se suma a la tensión política y sindical por la reforma laboral, que ya motivó un paro nacional convocado por la CGT y mantiene en alerta a organizaciones sociales y gremiales.