La administración de Javier Milei puso en marcha un proceso de privatización acelerada en tres empresas estratégicas de servicios públicos y energía: AySA, Transener y Metrogas. El objetivo declarado es obtener un piso de USD 2.000 millones en el corto plazo, fortalecer las reservas del Banco Central y mostrar solvencia ante los acreedores privados y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
AySA: el desafío del saneamiento
El Ejecutivo presentará a fin de mes el pliego de bases y condiciones para la licitación de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). El plan oficial contempla ofrecer el 51% de las acciones en una licitación internacional, colocar un 39% en la Bolsa mediante una oferta pública y reservar el 10% para los empleados. Sin embargo, persisten dudas sobre la valuación y el destino de los activos inmobiliarios y plantas de tratamiento, que permanecerán bajo control estatal.
Entre los interesados figuran la brasileña Sabesp, la francesa Veolia y el grupo Roggio. El proceso tendrá un plazo de 90 días para evaluar la solvencia técnica y económica de los oferentes.
Transener: la red de alta tensión
La segunda operación apunta a Transener, que controla el 85% de la red de transmisión eléctrica del país. El Estado, a través de Enarsa, posee el control de Cieltec, dueña del 52,64% de las acciones Clase A. La venta de esa participación, valuada en unos USD 200 millones, busca eliminar la intervención estatal en la fijación de precios mayoristas y habilitar contratos directos entre privados, en línea con las exigencias del FMI.
Grupos como Central Puerto, Edenor y la alianza Genneia–Grupo Edison ya manifestaron interés en participar.
Metrogas: la salida de YPF
En paralelo, YPF avanza en la venta de su 70% de participación en Metrogas, con el objetivo de concentrar inversiones en Vaca Muerta. El proceso, coordinado por Citigroup, atrajo propuestas de 13 empresas y se encuentra en fase de due diligence. Entre los candidatos figuran Andina PLC, Central Puerto, la familia Miguens-Bemberg, Eduardo Escasany y Neuss Capital.
La petrolera busca recaudar unos USD 500 millones y adecuarse a la normativa que limita la participación en distribuidoras de gas al 49%.
Señal a los mercados
La aceleración de estas privatizaciones busca enviar un mensaje de confianza a Wall Street. En un contexto de volatilidad del riesgo país, el ingreso extraordinario de divisas funcionaría como un puente hacia la recuperación del crédito internacional y como respaldo para el programa fiscal del Gobierno.
Analistas advierten, sin embargo, que la letra chica de los contratos incluye cláusulas que trasladan el costo real de los servicios al usuario, con impacto directo en tarifas y subsidios. El desafío será compatibilizar la necesidad de financiamiento con la sostenibilidad social de las medidas.