En un giro inesperado a horas de la cuarta Marcha Federal Universitaria, el Gobierno nacional anunció la apertura de una mesa de diálogo con los rectores para redefinir el reparto de los fondos destinados a los hospitales universitarios, uno de los puntos más sensibles del conflicto educativo. Sin embargo, la administración libertaria ratificó que no avanzará con la ley de financiamiento universitario aprobada por el Congreso y endureció su postura frente a los reclamos salariales y de transparencia del sistema.

La decisión de convocar a los rectores fue confirmada por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien adelantó que se conformará una comisión técnica para establecer criterios objetivos de distribución de las partidas extraordinarias que históricamente recibían los centros de salud académicos. El funcionario aseguró que el objetivo es “terminar con el lobby político” y reemplazar los mecanismos discrecionales que, según el Gobierno, beneficiaban de manera desproporcionada a la Universidad de Buenos Aires (UBA), que concentraba cerca del 70% de esos recursos.

Un cambio táctico en la previa de la marcha

La convocatoria llega en un momento de máxima tensión. La Casa Rosada busca evitar que la masiva movilización prevista para este martes se convierta en un nuevo golpe político, pero al mismo tiempo intenta dejar en claro que no cede ante la presión callejera.

Álvarez sostuvo que la mesa de trabajo estaba prevista “desde hace semanas”, pero que el estallido del conflicto demoró su anuncio para evitar que se interpretara como una concesión. “Lo vamos a hacer inmediatamente después de la marcha, no es porque ellos hicieran algo”, remarcó, en un mensaje dirigido tanto a los rectores como a la oposición.

Pettovello acelera auditorías y rechaza el reclamo salarial

Mientras se abre una ventana de negociación, el Ministerio de Capital Humano endureció su postura en otros frentes. La ministra Sandra Pettovello anunció el lanzamiento de una plataforma pública de auditorías, donde cualquier ciudadano podrá consultar el destino de los fondos que recibe cada universidad. El Gobierno sostiene que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) “no depura los datos” y que existe un “monopolio informativo” que oculta el costo real del sistema.

En paralelo, Pettovello descartó la posibilidad de otorgar aumentos salariales a los docentes universitarios, al afirmar que el reclamo gremial es “legalmente inaplicable” bajo la Ley de Administración Financiera.

El rechazo a la ley de financiamiento y el debate por los estudiantes extranjeros

Álvarez también confirmó que el Gobierno no aplicará la ley de financiamiento universitario aprobada por el Congreso. La calificó como una norma “abstracta”, sin fuentes de financiamiento y “derogada de hecho” por el Presupuesto 2026.

El funcionario volvió a cuestionar la presencia de estudiantes extranjeros en universidades públicas, citando el caso de la Facultad de Medicina de La Plata, donde —según dijo— “la mitad de la matrícula es extranjera” y algunos alumnos “llegaron a exigir clases en portugués”. El Gobierno insiste en que las universidades están habilitadas a cobrar aranceles a estudiantes no residentes, según un decreto firmado por el presidente Javier Milei.

Las cifras que difunde el Gobierno: baja retención y alto costo por egresado

Capital Humano difundió estadísticas oficiales para justificar su postura. Según los datos:

• Hay casi dos millones de inscriptos en el sistema universitario.
• Menos de la mitad aprueba dos materias por año, requisito mínimo para mantener la regularidad.
• La baja retención incrementa el costo estatal por egresado, que en algunos casos se dispara.
• La Universidad de las Artes (UNA) encabeza el ranking negativo, con un costo superior a $423 millones por estudiante graduado.

El Gobierno sostiene que estos números evidencian un sistema “ineficiente, opaco y sobredimensionado”, mientras los rectores y gremios denuncian un intento de desfinanciamiento deliberado.

Un conflicto que se profundiza

La apertura de la mesa de diálogo por los hospitales universitarios introduce un matiz en la estrategia oficial, pero no modifica el núcleo del conflicto: el rechazo del Gobierno a la ley de financiamiento, la negativa a recomponer salarios y la ofensiva por mayor control sobre las cuentas universitarias.

La marcha de este martes será un termómetro político clave. El oficialismo busca mostrar que mantiene la iniciativa; las universidades, que la presión social puede torcer el rumbo. El choque, lejos de resolverse, entra en una nueva fase.