El proceso judicial contra el expresidente venezolano Nicolás Maduro en Estados Unidos sumó un nuevo capítulo de tensión. Su principal abogado, Barry J. Pollack, informó al juez federal Alvin K. Hellerstein que las sanciones impuestas por Washington impiden que el gobierno venezolano financie los honorarios de la defensa en el caso por narcotráfico y corrupción que se tramita en Nueva York.
Maduro y su esposa, Cilia Flores, permanecen detenidos sin derecho a fianza desde el 3 de enero, cuando fueron capturados en Caracas durante un operativo militar estadounidense. Ambos enfrentan cargos que podrían derivar en cadena perpetua.
La disputa por los honorarios
Pollack explicó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) había autorizado el 9 de enero el pago de los honorarios legales, pero menos de tres horas después revocó la decisión sin dar explicaciones. La autorización para cubrir la defensa de Flores, en cambio, se mantuvo vigente.
“El gobierno de Venezuela tiene la obligación de pagar los honorarios del señor Maduro; el señor Maduro tiene una expectativa legítima de que el gobierno de Venezuela lo haga, y el señor Maduro no puede afrontar de otro modo los costos de su defensa”, escribió Pollack en una carta fechada el 20 de febrero.
El abogado advirtió que la negativa de la OFAC interfiere con el derecho de su cliente a contar con un abogado de su elección, protegido por la Sexta Enmienda de la Constitución estadounidense. El 11 de febrero solicitó formalmente que se restablezca el permiso original y anticipó que, de no obtener respuesta, presentará una moción judicial.
Los cargos contra Maduro
La acusación formal de 25 páginas señala que Maduro y otros colaboradores trabajaron con cárteles y miembros de las fuerzas armadas venezolanas para facilitar el envío de miles de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos. El documento también lo vincula con secuestros, golpizas y asesinatos de personas vinculadas al narcotráfico, incluyendo el homicidio de un capo local en Caracas.
La fiscalía sostiene que permitir que el gobierno venezolano financie la defensa podría complicar su estrategia, ya que Maduro insiste en que su captura fue ilegal y que, como jefe de Estado extranjero, goza de inmunidad conforme al derecho internacional.
Trasfondo político y regional
El caso se enmarca en la política exterior estadounidense hacia Venezuela. En 2019, el gobierno de Donald Trump rompió relaciones con Maduro y reconoció al entonces líder opositor de la Asamblea Nacional como presidente legítimo. La administración de Joe Biden mantuvo esa línea.
La captura de Maduro, tras meses de acumulación militar en el Caribe, abrió el camino para que Estados Unidos ejerciera presión sobre la actual mandataria interina, Delcy Rodríguez, quien bajo ese contexto accedió a abrir la industria petrolera a la inversión estadounidense, liberar presos políticos y restablecer comunicaciones directas con Washington.