Un depósito de garrafas que funcionaba sin habilitación explotó este miércoles en la localidad bonaerense de Mariano Acosta, partido de Merlo, y dejó al menos dos heridos de gravedad. El episodio, que generó una secuencia de explosiones durante más de dos horas y escenas de pánico entre los vecinos, volvió a poner en el centro del debate la proliferación de operadores clandestinos en el mercado del gas envasado.
Explosiones y pánico en el barrio
El siniestro ocurrió en un predio ubicado sobre la calle Constituyentes al 1400, dedicado a la compra y reventa de garrafas sin habilitación oficial. Según el reporte preliminar, el fuego se habría iniciado al enchufar una pava eléctrica en un ambiente con pérdida de gas, lo que provocó la primera explosión y graves quemaduras en los trabajadores.
Tres empleados resultaron heridos y fueron trasladados a centros de salud; dos de ellos permanecen en terapia intensiva. Diez dotaciones de bomberos trabajaron para controlar el incendio, mientras los vecinos relataban la caída de garrafas en patios y techos. “Estoy encerrado en mi local, me da miedo porque vibra todo. Vuela todo por el aire”, describió un comerciante de la zona.
La investigación quedó en manos de la UFI N° 2 de Morón, bajo la carátula de incendio.
Un circuito clandestino en expansión
El titular de la Cámara Federal Argentina de Fabricantes, Distribuidores e Industrializadores del Gas Licuado (Cafadigas), Darío Simonetti, vinculó el episodio con el crecimiento de la informalidad en el sector: “Es totalmente clandestino. Hacían trasvaso de garrafas, todo lo que veníamos denunciando”.
Simonetti recordó que no se trata de un caso aislado: “Hace poco hubo uno en Tucumán con las mismas características”. La entidad analiza presentar el hecho como un “hecho nuevo” en la causa judicial contra la desregulación del sector impulsada por la gestión de Federico Sturzenegger.
El impacto de la desregulación
En noviembre de 2025, Cafadigas había advertido que la desregulación del mercado del gas envasado generaba un escenario de “descontrol”, con la aparición de operadores informales y la relajación de los mecanismos de fiscalización.
El diagnóstico incluía irregularidades en distintos puntos del país: garrafas vencidas, depósitos montados en viviendas, transporte sin habilitación y comercialización sin trazabilidad. “El 47% de la población usa garrafa y prácticamente no hay controles”, había señalado Simonetti, al comparar la fiscalización del gas envasado con la del gas natural.
Seguridad pública y vacío regulatorio
Desde la Cámara remarcan que el problema excede lo económico y se ubica en el terreno de la seguridad pública. El gas envasado es un producto inflamable que requiere protocolos estrictos en toda su cadena: fraccionamiento, almacenamiento, transporte y venta.
La desregulación, sostienen, dejó ese esquema sin un sistema alternativo de control, lo que facilitó la aparición de depósitos clandestinos como el que explotó en Merlo.
El caso, ahora bajo investigación judicial, reaviva las alertas sobre las consecuencias de un mercado que comenzó a operar sin los resguardos mínimos y expone los riesgos de un vacío regulatorio en un rubro de alto impacto social.