La situación de Agostina Páez, la joven argentina acusada de realizar gestos racistas en Río de Janeiro, dio un giro drástico este viernes 6 de febrero. Tras permanecer bajo arresto domiciliario con tobillera electrónica desde mediados de enero, la Justicia brasileña ordenó su detención preventiva y fue trasladada a una comisaría local.
La decisión judicial
El tribunal rechazó el pedido de Páez para regresar a la Argentina y seguir el proceso desde su hogar, y avaló el endurecimiento de su situación procesal. La fiscalía había solicitado la prisión preventiva al considerar que la vigilancia electrónica no era suficiente para neutralizar el “peligro procesal”.
El delito que se le imputa es “injuria racial”, figura equiparada al racismo en la legislación brasileña, con penas de dos a cinco años de prisión y sin posibilidad de excarcelación bajo fianza.
Argumentos de la defensa
Su abogado, Sebastián Robles, calificó la medida como una “pena anticipada” y sostuvo que la joven cumplió con todas las restricciones impuestas. Señaló que el caso está siendo tomado como “ejemplificador” por el peso cultural que el racismo tiene en Brasil.
El entorno de Páez manifestó profunda angustia y cuestionó la decisión de encarcelarla, pese a que nunca violó las condiciones de su arresto domiciliario.
El incidente que originó la causa
El episodio ocurrió durante sus vacaciones en Río de Janeiro, cuando en un restaurante habría realizado gestos y comentarios racistas contra empleados del lugar. Esa misma noche se inició el expediente que derivó en la retención de su pasaporte y la imposición de la tobillera electrónica.
Contexto legal en Brasil
En los últimos años, Brasil endureció sus leyes contra la discriminación, eliminando la posibilidad de libertad bajo caución en casos de injuria racial. Al estar equiparado al racismo, el delito es imprescriptible y no perdonable, lo que refuerza la severidad de la medida.
Asistencia consular
La Embajada Argentina en Brasil confirmó que ofreció asistencia legal a la familia, aunque aclaró que no tiene facultades para intervenir en las decisiones del Poder Judicial brasileño.