La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner celebró el fallo de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York que absolvió a la Argentina del pago de más de 16.000 millones de dólares en la causa por la expropiación de YPF. La decisión revocó la sentencia de la jueza Loretta Preska y reconoció la validez del proceso de estatización realizado en 2012.
Un fallo clave para la Argentina
El tribunal estadounidense consideró que YPF fue exculpada de manera correcta en su proceso de nacionalización, lo que constituye un triunfo jurídico para el Estado argentino. La defensa estuvo a cargo del estudio Sullivan & Cromwell LLP, que asumió la representación legal en enero de 2020.
En su mensaje público, Cristina Kirchner agradeció “como ex presidenta y como ciudadana” al equipo de abogados y destacó que el fallo reafirma la soberanía de los Estados frente a estatutos privados de empresas. “Las disposiciones del Estatuto de una sociedad no pueden prevalecer sobre la Constitución Nacional y el ordenamiento jurídico de un país”, señaló.
Reconocimiento a Estados Unidos
La exmandataria también subrayó que la posición argentina contó con respaldo de distintas administraciones estadounidenses, tanto demócratas como republicanas. “De esta manera, queda más que claro que la expropiación con fines de utilidad pública de YPF se hizo conforme a derecho”, afirmó.
La importancia estratégica de YPF
Cristina Kirchner vinculó la decisión política de recuperar YPF con el desarrollo energético nacional. “La recuperación de YPF y nuestra soberanía energética fue estratégica para el país. Con el desarrollo de Vaca Muerta, a partir de 2012, hoy podemos decir con orgullo que Argentina tiene superávit de miles de millones de dólares en la balanza energética”, sostuvo.
Historia del litigio
La expropiación de YPF se concretó en 2012 mediante la Ley 26.741, que declaró de utilidad pública el 51% de las acciones de la compañía, en su mayoría en manos de la española Repsol. El entonces viceministro de Economía, Axel Kicillof, defendió la medida argumentando que la ley de expropiación prevalecía sobre los estatutos privados de la empresa.
En 2015, el fondo Burford Capital adquirió los derechos de litigio de las empresas Petersen Energía y Petersen Inversora, que habían quebrado en España tras la nacionalización. En 2023, la jueza Loretta Preska condenó a la Argentina a pagar 16.000 millones de dólares, fallo que ahora quedó sin efecto tras la revisión de la Cámara de Apelaciones.