La Cancillería argentina se encuentra en plena negociación con la Unión Europea (UE) para impedir que la soja sea incluida en una “lista negra” que bloquearía las exportaciones de biodiesel hacia el continente europeo. El eventual cierre de ese mercado pondría en riesgo un negocio de U$S 400 millones anuales, con proyecciones de alcanzar hasta U$S 1.200 millones, según estimaciones del sector.
Una pulseada diplomática clave
El desafío constituye la primera prueba de fuego para Fernando Iglesias, designado embajador ante la UE y el Reino de Bélgica, cuyo pliego será tratado en el Senado en los próximos días. Iglesias ya inició conversaciones con autoridades comunitarias para frenar la medida, que afectaría no solo al biodiesel argentino, sino también al aceite y los porotos de soja destinados a la producción de combustibles no fósiles en Europa.
En paralelo, el Secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Fernando Brun, lidera las gestiones desde la Cancillería, acompañado por el agregado agrícola en Bruselas, Gastón Funes. El hermetismo oficial es marcado, aunque se sabe que la Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO) colabora con estudios técnicos para rebatir los argumentos europeos.
El trasfondo ambiental y comercial
La decisión de la UE se fundamenta en el criterio de Cambio Indirecto del Uso del Suelo (ILUC), una postura ambientalista que cuestiona la expansión de cultivos como la soja por su impacto en la deforestación y el uso de tierras. El plazo para que los países presentaran sus propios estudios venció la semana pasada, aunque desde el Palacio San Martín no brindaron mayores precisiones sobre la documentación enviada.
La medida se interpreta como una traba “paraarancelaria” que surge casi en paralelo al anuncio del acuerdo Mercosur-UE, lo que genera suspicacias en el ámbito diplomático. Actualmente, Europa es el único destino de las exportaciones argentinas de biocombustibles, luego de que otros mercados se cerraran en los últimos años. El resto de la producción se destina al consumo interno.
Impacto económico y regional
De ratificarse la resolución, la Argentina enfrentaría un sobre stock de oferta que presionaría a la baja los precios de toda la cadena de la oleaginosa, afectando tanto a productores como a exportadores. El impacto no se limitaría al país: también alcanzaría a otros grandes jugadores del mercado como Brasil y Estados Unidos, que compiten en la provisión de soja y derivados al bloque europeo.
La situación genera preocupación en el sector agroindustrial, que advierte sobre las consecuencias en el empleo y en la balanza comercial. Para el Gobierno, la pulseada diplomática es estratégica: se trata de defender uno de los pocos nichos de exportación en dólares que se mantienen vigentes y que resultan vitales para el ingreso de divisas.