El Gobierno nacional anunció que en los próximos días ingresará al Congreso un proyecto de reforma de la Ley de Salud Mental vigente desde 2010. La iniciativa, elaborada por el Ministerio de Salud, busca redefinir diagnósticos, ampliar criterios de internación y revisar el modelo de atención, en un intento por actualizar un marco normativo que acumula críticas por su aplicación desigual en el país.
El anuncio oficial
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, comunicó la decisión a través de redes sociales con un mensaje breve: “En los próximos días estaremos enviando al Congreso de la Nación la nueva ley de salud mental. Fin”. El proyecto, impulsado por el ministro Mario Lugones, apunta a “mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario” y “proteger a pacientes y terceros frente a situaciones que hoy no encuentran adecuado encuadre”.
Redefinición de diagnósticos y criterios de intervención
Uno de los cambios más relevantes es la sustitución del término “padecimiento mental” por la clasificación internacional de “trastornos mentales o del comportamiento”, en línea con la CIE-10 y sus sucesivas actualizaciones. El objetivo es lograr mayor precisión clínica y reducir ambigüedades.
Además, se modifica el criterio de intervención: se considerará la “situación de riesgo de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros”, lo que habilitaría respuestas más rápidas y preventivas. El análisis del contexto y los antecedentes de cada caso será parte del nuevo esquema.
Internaciones: más margen para la urgencia
El proyecto mantiene el principio de que la internación es un recurso excepcional, pero amplía las herramientas para aplicarla en situaciones críticas. En casos de urgencia, un psiquiatra podrá indicar internación involuntaria, que deberá ser ratificada por un equipo interdisciplinario en 24 horas. También se extiende de 10 a 24 horas el plazo para notificar a la Justicia.
En internaciones voluntarias, si el paciente solicita el alta y se considera que su capacidad está afectada, la internación podrá transformarse en involuntaria con intervención judicial. Estos cambios responden a reclamos de familiares y profesionales que denunciaban dificultades para actuar frente a riesgos inmediatos.
Revisión del modelo de atención
La ley vigente promueve el cierre de hospitales psiquiátricos y su reemplazo por servicios en hospitales generales. El nuevo proyecto plantea que ese esquema “no siempre resulta viable” por limitaciones de infraestructura y seguridad. Actualmente existen 30 instituciones monovalentes públicas y al menos 139 privadas, lo que para el Gobierno evidencia la necesidad de sostener la internación especializada en determinados casos.
Se propone fortalecer una red de atención organizada por niveles de complejidad, que incluya hospitales especializados, servicios en hospitales generales, dispositivos ambulatorios, comunitarios y residencias asistidas.
Desigualdad en la implementación y supervisión
El diagnóstico oficial señala que solo 16 de las 23 jurisdicciones adhirieron a la ley vigente, lo que genera diferencias en el acceso. Además, no todas las provincias cuentan con la misma capacidad instalada: 18 tienen hospitales generales con servicios de salud mental y 20 disponen de camas de internación.
El proyecto prevé reforzar los sistemas de información —como el RESAM y el REFES— y ampliar la participación del Ministerio de Salud en el Órgano de Revisión, incorporando áreas técnicas para mejorar la supervisión.
Un debate abierto
La iniciativa abrirá un nuevo frente de discusión en el Congreso sobre el equilibrio entre derechos individuales, atención sanitaria y capacidad de intervención del Estado frente a situaciones críticas. En un contexto político marcado por cuestionamientos al oficialismo, el envío del proyecto busca retomar la agenda de gestión y colocar la salud mental en el centro del debate público.