La Justicia federal avanza en la investigación sobre una presunta red de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que habría desviado fondos públicos destinados a la atención de personas con discapacidad y enfermedades crónicas graves. El fiscal Franco Picardi solicitó nuevas indagatorias que alcanzan a más de 20 empresarios y a exfuncionarios clave del organismo, en un expediente que ya acumula 19 procesados.
Funcionarios y empresarios en la mira
Entre los principales señalados figuran el exdirector ejecutivo de la ANDIS, Diego Spagnuolo, y el exfuncionario Daniel María Garbellini, junto con los empresarios Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian. Según la acusación, habrían articulado un esquema sistemático de direccionamiento de compras estatales para beneficiar a un grupo reducido de proveedores.
La investigación sostiene que, entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, se realizaron maniobras para adjudicar de manera irregular contratos vinculados a insumos médicos de alto costo, conocidos como PACBI, con un desvío estimado en $75.478 millones.
Insumos esenciales para sectores vulnerables
Los insumos involucrados —prótesis de alta gama, implantes cocleares, sillas de ruedas motorizadas y materiales para cirugías complejas— forman parte de prestaciones esenciales para personas sin cobertura médica, en su mayoría en situación de pobreza estructural. Estos recursos se gestionan a través del Programa Incluir Salud, una política pública destinada a garantizar el acceso a tratamientos de alta complejidad.
De acuerdo con la fiscalía, la ANDIS habría funcionado como una “ventanilla discrecional” para canalizar fondos hacia empresas vinculadas, a cambio de retornos indebidos. La operatoria incluía cartelización entre proveedores, manipulación de procesos de compra y la injerencia directa de empresarios en decisiones administrativas internas.
Los audios que destaparon el escándalo
El caso tomó relevancia en agosto de 2025, tras la filtración de audios comprometedores de Spagnuolo. En esas grabaciones, el exfuncionario describía un esquema de recaudación de coimas y retornos de entre el 5% y el 8% en la compra de insumos médicos.
Los audios también mencionaban maniobras con la droguería Suizo Argentina y aludían a figuras del entorno presidencial, como Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem, sugiriendo que el desvío de fondos era conocido en niveles superiores.
Próximos pasos judiciales
La nueva tanda de indagatorias busca profundizar la responsabilidad de otros actores involucrados en el circuito y esclarecer el recorrido del dinero, ante indicios de posibles maniobras de lavado de activos.
El expediente se perfila como uno de los casos de corrupción más significativos de los últimos años, no solo por el volumen de fondos comprometidos, sino también por el impacto directo en sectores vulnerables que dependen de estas prestaciones para su supervivencia y calidad de vida.