La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) volvió a manifestar su rechazo a la intervención del Gobierno nacional en el puerto de Ushuaia. El secretario de Finanzas de la seccional Río Grande, Carlos Margalot, cuestionó la medida y advirtió que la decisión pone en riesgo la autonomía provincial.

Críticas a la injerencia nacional

Margalot respaldó las acciones impulsadas por la Comisión Directiva Provincial que encabeza Carlos Córdoba y sostuvo que la intervención constituye una intromisión indebida en un organismo provincial. “La injerencia del Gobierno nacional en una entidad provincial está mal. Es algo que no se puede permitir”, expresó el dirigente, convocando a cámaras empresariales y organizaciones intermedias a pronunciarse contra la medida.

El referente sindical alertó además que lo sucedido en el puerto podría sentar un precedente para avanzar sobre otros entes locales. “Con lo ocurrido en el puerto se pueden meter con Vialidad Provincial o con cualquier otro organismo”, señaló, cuestionando que se utilicen denuncias sin sustento como argumento para justificar intervenciones.

Trasfondo político y tensiones institucionales

El dirigente consideró que existe un trasfondo político en la decisión del Ejecutivo nacional, deslizando que el objetivo sería presionar al Gobierno provincial por no acompañar las políticas de ajuste impulsadas por el Presidente. En ese sentido, criticó la reunión que mantuvieron legisladores fueguinos de La Libertad Avanza con los interventores designados, calificando esa actitud como incoherente.

Margalot también se refirió al desplazamiento de trabajadores tras la intervención, señalando que responde a una política nacional que apunta contra el empleo público. “Desprecia a los empleados públicos y busca echarlos de cualquier forma”, remarcó.

Adhesión al paro nacional

Por último, el secretario de Finanzas de ATE Río Grande confirmó que el gremio adherirá al paro nacional previsto para el miércoles 11 de febrero, en rechazo al tratamiento de la reforma laboral en el Congreso. Según expresó, el proyecto implicaría un retroceso en derechos adquiridos y no beneficia a los trabajadores.

Un conflicto en expansión

La postura de ATE se suma a las críticas de distintos sectores sociales y políticos de Tierra del Fuego frente a la intervención del puerto de Ushuaia. El conflicto, que combina tensiones institucionales, cuestionamientos sobre la autonomía provincial y reclamos laborales, se proyecta como uno de los ejes de debate en la agenda política y sindical de la región.

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