Los movimientos financieros del exvocero presidencial Manuel Adorni quedaron bajo análisis en los tribunales federales de Comodoro Py. La investigación, impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita, apunta a consumos con tarjetas de crédito por más de $139 millones en dos años y medio, rectificaciones patrimoniales de magnitud, inversiones en criptomonedas y compras realizadas con tarjetas de terceros. Para el Ministerio Público Fiscal, el conjunto de operaciones presenta inconsistencias que deberán ser explicadas ante la Justicia.

Gastos que superan ampliamente sus ingresos como funcionario

Uno de los ejes centrales de la pesquisa es la diferencia entre los ingresos de Adorni como funcionario público —cercanos a $3,5 millones mensuales— y el nivel de gastos registrados con tarjetas de crédito. La fiscalía detectó consumos por $139.110.716,6 en el período analizado.

Los registros muestran que:

  • En 2024, el promedio mensual de consumos fue de $4.248.781, equivalente a $50,9 millones en el año.
  • En 2025, el promedio ascendió a $5.704.969, con un gasto anual de $68,4 millones.
  • Entre enero y abril de 2026, acumuló $19,7 millones adicionales.

Para la Justicia, estos montos no guardan relación con su salario ni con otros movimientos financieros declarados.

Además, pese a haber informado la tenencia de dólares, Adorni utilizó tarjetas de crédito de terceros para realizar compras, un comportamiento que la fiscalía considera relevante para reconstruir el flujo real de fondos.

Rectificaciones patrimoniales bajo sospecha

Otro punto que generó interrogantes es la rectificación de sus declaraciones juradas patrimoniales. Los valores originalmente informados fueron reemplazados por cifras significativamente superiores.

Las declaraciones previas consignaban:

  • 2023: patrimonio de poco más de $61 millones.
  • 2024: patrimonio cercano a $108 millones.

Sin embargo, tras la rectificación presentada ante la Oficina Anticorrupción (OA), los montos declarados para 2025 se dispararon:

  • Patrimonio inicial del período fiscal: $622.646.891.
  • Patrimonio al cierre del ejercicio: $944.575.052.

Según Adorni, el incremento se explica por inversiones en bitcoins realizadas entre 2014 y 2018 junto a su esposa, Betina Angelletti. Aseguró haber destinado u$s 200.000 a la compra de criptomonedas y poseer actualmente alrededor de u$s 513.000 provenientes de la venta de esos activos.

Pero fuentes judiciales señalaron que esa explicación es insuficiente:

“No figura en ningún lado y es una trazabilidad que debe detallar. No alcanza con volcar un número en la declaración jurada; hay que sustentar su origen lícito”.

Compras con tarjetas de terceros: otro punto crítico

La causa también incluye consumos realizados con tarjetas de crédito pertenecientes a dos funcionarios que trabajaban bajo la órbita de Adorni.

Los registros muestran compras por:

  • $2.184.999,05 con la tarjeta de Laura Schiuma.
  • $3.663.590 con la tarjeta de Luis Aluju.

Schiuma ya declaró como testigo y afirmó que Adorni le reintegró el dinero en efectivo. La fiscalía analiza si ese mecanismo constituye un intento de ocultar gastos propios o si forma parte de un esquema más amplio de triangulación financiera.

La próxima definición judicial

Adorni deberá presentarse ante la Justicia federal para explicar los movimientos que el Ministerio Público Fiscal considera inconsistentes. Antes de avanzar procesalmente, el fiscal Pollicita espera el informe final de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), organismo encargado de reconstruir la evolución patrimonial y financiera del exfuncionario y de su esposa.

Con ese análisis concluido, la fiscalía evaluará si corresponde requerir formalmente que Adorni justifique las inconsistencias detectadas. Si las explicaciones resultan insuficientes, el siguiente paso será solicitar su declaración indagatoria ante el juez federal Ariel Lijo.

La causa, que combina elementos patrimoniales, financieros y tributarios, podría convertirse en uno de los expedientes de mayor impacto político y judicial del año.

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