En la ciudad de Río Grande, un nuevo fallo judicial reafirma la importancia de visibilizar y sancionar los episodios de violencia de género que aún persisten en la comunidad.
Esta semana, el Juzgado Correccional del Distrito Judicial Norte, bajo la titularidad del juez Pedro Fernández, dictó una condena de ocho meses de prisión en suspenso para un hombre que fue hallado culpable de agredir a su expareja durante una violenta discusión ocurrida en 2020.
Según se desprende de la investigación, los hechos se desencadenaron en el marco de una disputa de carácter familiar. El acusado, desbordado por la situación, insultó y escupió a la mujer mientras la presionaba para que desistiera de denuncias previas que ella había presentado en su contra por agresiones anteriores. Ante la negativa de la víctima, la violencia escaló: la arrastró por la fuerza hasta una habitación, la sujetó del cuello y llegó a amenazarla de muerte.
El tribunal consideró probada la existencia de un contexto de violencia de género, valorando el testimonio de la mujer y otras pruebas presentadas durante el proceso. En la sentencia, el magistrado estableció que la pena de prisión quedará en suspenso, siempre y cuando el condenado cumpla con estrictas normas de conducta durante los próximos dos años.
Entre las obligaciones impuestas, el hombre deberá someterse a un tratamiento psicológico especializado en control de impulsos y violencia doméstica, con seguimiento profesional. Además, tiene prohibido mantener cualquier tipo de contacto con la víctima y con el hijo menor que ambos tienen en común. La restricción de acercamiento se extiende a cualquier lugar donde se encuentren madre e hijo, incluyendo el domicilio y el establecimiento educativo del niño.
A su vez, como medida de resguardo, el juez dispuso que el agresor no podrá abandonar la provincia de Tierra del Fuego mientras dure el período de prueba. En caso de incumplir alguna de estas condiciones, la Justicia podrá revocar la condicionalidad de la pena y ordenará su cumplimiento efectivo en un establecimiento penitenciario.
En paralelo, la sentencia incluyó la intervención de la Subsecretaría de Políticas de Género del Ministerio de Desarrollo Humano provincial, solicitando que se brinde a la víctima y a su entorno familiar un dispositivo de contención, orientación y acompañamiento psicosocial, a fin de garantizar su bienestar y seguridad.
Organizaciones locales que trabajan por la erradicación de la violencia de género valoraron la resolución como un paso importante, aunque insistieron en la necesidad de reforzar políticas públicas de prevención y de asistencia integral para mujeres que atraviesan situaciones de maltrato.
Este caso se suma a otros antecedentes que reflejan la labor de los tribunales fueguinos en la aplicación de la perspectiva de género, buscando no solo castigar a los agresores, sino también promover medidas de protección y reparación para las víctimas.