Luego de avanzar con la privatización de AySA, el Gobierno busca acelerar la venta y concesión de activos estatales para obtener dólares destinados a afrontar vencimientos de deuda y promover inversiones privadas en infraestructura y energía.
La administración de Javier Milei proyecta recaudar alrededor de u$s2.300 millones entre 2026 y 2027 mediante un nuevo paquete de privatizaciones y concesiones. El objetivo forma parte de la estrategia financiera del Ministerio de Economía, que busca reforzar las fuentes de financiamiento para atender compromisos de deuda y reducir la necesidad de inversión pública.
La reciente adjudicación de AySA al consorcio encabezado por Rowing S.A., mediante una oferta de u$s340,2 millones por el 90% de la compañía, representó uno de los pasos más importantes dentro de ese plan. Sin embargo, el Gobierno considera que se trata apenas del comienzo de una serie de operaciones previstas para los próximos meses.
Trenes de carga, energía y represas entre los próximos objetivos
El próximo gran proceso está vinculado a los ferrocarriles de carga. Para noviembre está prevista la apertura de ofertas para las líneas Belgrano Cargas, San Martín Cargas y Urquiza Cargas, consideradas estratégicas para el transporte de producción agropecuaria, minera e insumos vinculados a Vaca Muerta.
En diciembre, el cronograma continuará con la licitación de AMBA I, una obra de transmisión eléctrica de alta tensión valuada en aproximadamente u$s1.100 millones, destinada a fortalecer el sistema energético nacional.
También forman parte de la agenda diversas concesiones hidroeléctricas cuyos contratos vencen a fin de año. Entre ellas se encuentran los complejos Los Nihuiles, Futaleufú y centrales ubicadas en Santiago del Estero. El Gobierno evalúa nuevas licitaciones para definir a los futuros operadores.
Qué empresas pueden privatizarse
La hoja de ruta está determinada por la Ley Bases, que habilitó la privatización o concesión de varias compañías estatales.
Entre las empresas alcanzadas por el esquema se encuentran:
- ENARSA (Energía Argentina).
- Intercargo.
- Belgrano Cargas y Logística.
- SOFSE (Operadora Ferroviaria).
- Corredores Viales.
- AySA.
En otros casos, la ley permite la incorporación de capital privado pero obliga al Estado a conservar el control accionario. Esa condición alcanza a Nucleoeléctrica Argentina, operadora de las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse, y también a YCRT (Yacimientos Carboníferos Río Turbio).
Por el contrario, Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina quedaron excluidas del régimen durante el debate legislativo.
El peso de las privatizaciones en el plan financiero
Según las proyecciones oficiales, el Tesoro enfrenta importantes vencimientos de deuda durante los próximos dos años.
Dentro de ese contexto, Economía estima ingresos por:
- u$s800 millones en 2026.
- u$s1.500 millones en 2027.
Las privatizaciones aparecen así como una herramienta complementaria para obtener divisas y, al mismo tiempo, transferir al sector privado inversiones que el Estado considera difíciles de financiar con recursos propios.
El debate económico
Mientras algunos economistas sostienen que la llegada de operadores privados permitirá acelerar obras de infraestructura y modernización, otros relativizan el impacto financiero inmediato de las ventas.
Las posiciones críticas remarcan que montos como los obtenidos por AySA tienen un efecto limitado sobre las reservas o las necesidades financieras del país. En cambio, el Gobierno enfatiza que el principal beneficio radica en las inversiones futuras, que pasarán a realizarse con capital privado.
Con AySA prácticamente definida, las próximas licitaciones de transporte y energía serán clave para determinar si el Ejecutivo logra cumplir su meta de recaudar más de u$s2.300 millones y avanzar con una de las reformas estructurales más ambiciosas de su gestión.