La senadora fueguina Cristina López presentó este lunes una denuncia penal por lesiones, amenazas y abuso sexual simple contra personal de seguridad del Senado, luego de un violento episodio ocurrido cuando intentó ingresar a su despacho para retirar pertenencias personales y laborales. El hecho, según la legisladora, constituye una represalia política vinculada a su juramento por los 30.000 desaparecidos.
El episodio y la denuncia judicial
La denuncia quedó radicada en el Juzgado Federal II, a cargo del juez Sebastián Ramos, quien en los próximos días deberá citar a la senadora para que ratifique los hechos, aporte material audiovisual como prueba y defina si se constituye como querellante.
De acuerdo con el relato de su abogado, Pablo Tosco, el conflicto se originó el viernes anterior, cuando López, tras asumir formalmente su banca, regresó a la oficina que iba a ocupar y la encontró cerrada, con la cerradura cambiada, fajada y sin la placa identificatoria.
El lunes, al intentar ingresar con un cerrajero, se produjo un forcejeo con personal de seguridad. En ese contexto, la senadora denunció haber sufrido agresiones físicas que le provocaron un hematoma visible y un tocamiento que, según su presentación, configura un presunto abuso sexual simple.
Pertenencias retiradas y sospechas de represalia
El letrado agregó que, horas después del incidente, personal del Senado retiró pertenencias del despacho en bolsas de residuos, sin la presencia de la senadora ni de su equipo. López sostiene que esta acción refuerza la hipótesis de una represalia política, vinculada a su decisión de jurar por los desaparecidos de la última dictadura militar, gesto que generó tensiones en el recinto y que ahora, según ella, podría haber derivado en un hostigamiento institucional.
Impacto personal y continuidad parlamentaria
Mientras avanza la investigación, la senadora permanece en su domicilio debido a las dolencias físicas sufridas. Sin embargo, su entorno aseguró que mantiene la intención de retomar la actividad parlamentaria en los próximos días, reafirmando su compromiso con la representación de Tierra del Fuego en la Cámara Alta.
El caso generó preocupación en distintos sectores políticos y sociales, que advierten sobre la gravedad de que una legisladora nacional denuncie agresiones dentro del propio ámbito parlamentario. La situación abre un debate sobre las condiciones de seguridad y respeto institucional en el Senado, así como sobre los límites de la confrontación política.
Un hecho que tensiona la vida institucional
La denuncia de López no solo expone un episodio de violencia física y simbólica, sino que también pone en discusión el clima político que atraviesa el Congreso. El señalamiento de represalias por motivos ideológicos agrega un componente de conflictividad que podría tener repercusiones en la dinámica parlamentaria y en la relación entre oficialismo y oposición.
En este contexto, la senadora fueguina expresó que continuará reclamando justicia y que no permitirá que la intimidación condicione su labor legislativa. “Lo ocurrido no es un hecho aislado, sino parte de un intento de disciplinamiento político”, sostuvo en declaraciones a su entorno.