La Policía Federal Argentina (PFA) secuestró más de 200 documentos históricos vinculados a figuras centrales de la historia nacional —entre ellos José de San Martín y Juan Manuel de Rosas— que iban a ser subastados de manera ilegal en un local del barrio porteño de Recoleta. Las piezas, consideradas patrimonio histórico nacional, se ofrecían en una plataforma online con un precio base de 100 mil dólares.
El operativo fue ordenado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 4, a cargo del juez Ariel Lijo, con intervención de la Secretaría N.º 7 de Diego Fernando Arce, tras una investigación que incluyó tareas de monitoreo digital coordinadas por el Ministerio de Seguridad.
Cómo fue el operativo
Agentes del Departamento de Protección del Patrimonio Cultural de la PFA se presentaron en un local ubicado en Rodríguez Peña al 1700, donde secuestraron la totalidad del material ofrecido. Los documentos quedaron bajo resguardo en una dependencia policial en calidad de depósito judicial, a la espera de peritajes que determinarán su autenticidad y procedencia.
Qué documentos fueron recuperados
Entre las piezas incautadas se encontraron:
- Cartas manuscritas y documentación administrativa vinculada a
- José de San Martín
- Juan Manuel de Rosas
- Juan Martín de Pueyrredón
- Carlos María de Alvear
- Gregorio Aráoz de Lamadrid
- Recortes periodísticos de época
- Libros y fotografías antiguas
- Archivos oficiales pertenecientes a organismos nacionales y provinciales
Los peritos analizarán tipografías, sellos, firmas y fechas para determinar la autenticidad y el valor histórico de cada pieza.
Por qué la venta es ilegal: la Ley 15.930
La comercialización de este tipo de documentos infringe la Ley 15.930, que establece que toda documentación histórica vinculada al Estado Nacional debe estar bajo la órbita del Archivo General de la Nación (AGN).
La normativa:
- protege documentos públicos y privados entregados formalmente al AGN,
- prohíbe su venta sin autorización,
- y considera delito federal cualquier intento de comercialización de bienes culturales protegidos.
El objetivo es evitar el tráfico ilícito de patrimonio histórico, una problemática que afecta a archivos, museos y colecciones públicas.