El proyecto de reforma laboral impulsado por el oficialismo introduce medidas que reducen costos empresariales y afectan directamente las cuentas fiscales. Sin embargo, su aplicación no sería automática tras la sanción de la ley: la puesta en marcha quedaría supeditada a una decisión del Ministerio de Economía, que evaluaría el cumplimiento de las metas de equilibrio fiscal antes de habilitar los cambios.
La estrategia responde a una dificultad recurrente: la falta de previsión sobre cómo cubrir el costo fiscal de las iniciativas. En el pasado, esa omisión llevó al Poder Ejecutivo a vetar leyes aprobadas por la oposición. Ahora, el oficialismo procura que el Congreso le otorgue facultades para decidir cuándo activar disposiciones sensibles, como el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para el pago de indemnizaciones, la rebaja de contribuciones patronales al sistema jubilatorio y otros beneficios impositivos, entre ellos modificaciones en el impuesto a las Ganancias.
Facultades discrecionales y artículos clave
El artículo 212 del dictamen firmado en el Senado, bajo la conducción de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda —presididas por Patricia Bullrich y Ezequiel Atauche, ambos de La Libertad Avanza— establece que las medidas con impacto negativo en la recaudación entrarán en vigencia “cuando así lo disponga el Ministerio de Economía a efectos de dar cumplimiento a las metas asociadas a las políticas de equilibrio fiscal”.
Los títulos alcanzados por esta cláusula son el II (FAL), el XXIII (Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones, RIMI), el XXIV (modificaciones impositivas) y el XXV (reducción de la carga tributaria mediante la eliminación de impuestos internos). En todos los casos, la fecha de aplicación quedaría indeterminada hasta que Economía lo disponga.
Contribuciones sociales y previsión
Uno de los puntos más relevantes es la rebaja de tres puntos porcentuales en las contribuciones patronales destinadas a financiar la seguridad social. El beneficio se aplicaría a las relaciones laborales incluidas en el FAL, excluyendo al sector de la construcción y al servicio doméstico.
La medida busca neutralizar el costo adicional que implica el aporte al fondo, equivalente al 3% de las remuneraciones. En términos prácticos, el empleador aportaría al FAL pero vería reducida en igual proporción su carga contributiva.
Especialistas advierten que, si bien no se modificarían ni el cálculo inicial de las jubilaciones ni la movilidad de los haberes, la Anses debería recibir compensaciones desde otras fuentes de financiamiento. El Estado tendría que redirigir recursos provenientes de impuestos específicos o del Tesoro, lo que implicaría un efecto fiscal directo.
Distribución de recursos y sostenibilidad
Actualmente, los aportes patronales se distribuyen en distintos subsistemas: el 60% se destina al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el 26% a asignaciones familiares, algo más del 5% al Fondo Nacional de Empleo y cerca del 8% al PAMI.
Según cálculos del economista Osvaldo Giordano, presidente del Ieral de Fundación Mediterránea y exdirector ejecutivo de la Anses, el desvío de fondos hacia el FAL representaría una pérdida aproximada de 0,5% del PBI para el sistema previsional. “No es un monto decisivo, pero sí relevante. Como no se modifican los beneficios, la diferencia deberá cubrirla el Tesoro si no aumenta la recaudación”, advirtió.
Impacto en el gasto previsional
El gasto previsional podría moderarse en 2026 por una razón distinta: la reducción en la cantidad de nuevos jubilados, tras la finalización de la principal moratoria que permitió el acceso a la mayoría de las prestaciones en los últimos años.
De acuerdo con datos de la Subsecretaría de Seguridad Social, en 2025 el 84,5% de los recursos de la Anses fueron propios (aportes, contribuciones e impuestos con asignación específica), mientras que el 15,5% provino del Tesoro. En términos de PBI, los recursos propios representaron el 4,7% y las transferencias adicionales el 0,9%.
Expectativas de empleo y debate previsional
El Gobierno sostiene que la reforma podría estimular la creación de empleo formal, lo que redundaría en mayor recaudación. Sin embargo, los especialistas son cautos. “Es imposible responder cuánto crecería la ocupación formal. Lo que sí está claro es que Argentina necesita una reforma previsional no solo por el déficit, sino por el elevado gasto en relación con países de similar demografía, las inequidades y los malos incentivos”, señaló Giordano.
El abogado previsionalista Daniel Pérez coincidió en que los montos de las jubilaciones no se verán afectados, dado que están definidos por la ley de Presupuesto. Además, recordó que la movilidad de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y del salario familiar seguirá vigente, pese a que el Gobierno intentó eliminarla en el proyecto original.
Un debate abierto
La discusión sobre la reforma laboral se entrelaza con el debate previsional y fiscal. Mientras el oficialismo busca flexibilizar costos para incentivar la inversión y el empleo, persiste la incógnita sobre cómo se sostendrá el financiamiento de la seguridad social sin comprometer la estabilidad de las jubilaciones.
La decisión de postergar la vigencia de las medidas hasta que Economía lo disponga refleja la tensión entre la necesidad de alivio para el sector privado y la obligación de preservar el equilibrio fiscal. En ese delicado balance se juega no solo la política económica inmediata, sino también la sostenibilidad del sistema previsional argentino.