Juan Carlos Gómez, padre de Rodrigo Gómez —el soldado de 21 años que se quitó la vida el pasado 16 de diciembre mientras prestaba servicio en la custodia presidencial de la Quinta de Olivos— cuestionó duramente al Gobierno de la provincia de Buenos Aires por permitir el uso de teléfonos celulares en las cárceles. Según la investigación judicial, el joven fue víctima de una extorsión digital organizada desde unidades penitenciarias bonaerenses.
Críticas a la gestión penitenciaria
En declaraciones televisivas, Gómez responsabilizó al gobernador Axel Kicillof y al ministro de Seguridad provincial, Javier Alonso, por la falta de control en las cárceles. “Son muy incompetentes como para dejar que tengan cuatro celulares dentro de una cárcel. Desde ahí hacen lo que quieren”, afirmó.
El padre del soldado sostuvo que las autoridades cuentan con recursos para impedir las comunicaciones ilegales: “Tienen la capacidad de comprar inhibidores pero no lo hacen. Si pusiera un poco de plata y comprara inhibidores, no pasaría esto”.
Además, denunció que ningún funcionario provincial se comunicó con él tras la tragedia. “Jamás dieron una respuesta ni una declaración”, señaló, y agregó: “Cuando necesitan algo te lloran y te piden un voto, pero después, cuando en realidad los necesitás, nadie aparece”.
Apoyo presidencial y silencio provincial
En contraste, Gómez destacó que el presidente Javier Milei sí se comunicó con él para expresarle su apoyo y su intención de que el caso se investigue con rapidez. “Me apoyó en todo y me dijo que esto tenía que salir a la luz lo antes posible por la integridad de mi hijo”, relató.
Cómo operaba la extorsión
La investigación, encabezada por la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, determinó que Rodrigo fue víctima de una organización que operaba desde las cárceles de Magdalena y Olmos.
El mecanismo comenzaba con un perfil falso en una aplicación de citas. Bajo el nombre “Julieta”, los extorsionadores iniciaban contacto con la víctima y luego desplegaban un esquema de amenazas. El joven recibió un audio en el que lo acusaban de acosar a una menor de 17 años, seguido de un mensaje de un supuesto funcionario policial que lo advertía sobre una detención inminente.
La presión incluía exigencias económicas: inicialmente 500 mil pesos, con la promesa de “limpiar” su situación. Los extorsionadores imponían aislamiento y prohibían a la víctima compartir lo ocurrido con familiares o autoridades.
La tragedia y la investigación
Rodrigo Gómez tomó la decisión de quitarse la vida el 16 de diciembre, un día después de iniciadas las amenazas. En su celular quedaron registros de transferencias y mensajes, y en la carta que dejó mencionó la presión sufrida.
Los allanamientos posteriores derivaron en siete detenidos, entre internos y colaboradores externos. Se incautaron teléfonos, chips, computadoras y documentación financiera que detallaba montos y víctimas. La causa permitió identificar decenas de casos similares, lo que refuerza la preocupación por el uso de celulares en cárceles bonaerenses.
Un llamado de atención
Juan Carlos Gómez describió a su hijo como un joven reservado, querido por su entorno y con futuro en la Fuerza Aérea. Tras la tragedia, su hermano decidió retirarse del Ejército. “Esto le puede volver a pasar a otra familia”, advirtió el padre, reclamando medidas urgentes para evitar nuevas víctimas de extorsiones digitales organizadas desde las cárceles.