El Gobierno de Javier Milei dio un paso decisivo para cerrar uno de los últimos capítulos del default de 2001: envió al Senado el proyecto de ley que busca aprobar el acuerdo con dos grupos de acreedores que continuaban litigando contra la Argentina en tribunales de Estados Unidos. La iniciativa contempla pagos por USD 171 millones y establece un plazo límite para su aprobación: el 30 de abril.
Los términos del acuerdo
El convenio prevé desembolsos por USD 67 millones para Bainbridge y USD 104 millones para el grupo encabezado por Attestor. Según el Ejecutivo, se logró una quita superior al 30% sobre los montos originales en disputa. El mecanismo acordado es de “entrega contra pago”: la Argentina cancela la deuda y recibe los títulos en litigio, mientras que los costos legales corren por cuenta de los acreedores.
El entendimiento fue alcanzado en marzo y formalizado ante la jueza Loretta Preska, quien concentra los juicios contra el país en Nueva York. Estos fondos nunca ingresaron a los canjes de deuda posteriores al default y contaban con sentencias firmes a su favor. En 2025, lograron embargar USD 310 millones de la Reserva Federal de Nueva York, un antecedente que aceleró la negociación.
La presión sobre el Congreso
El envío del proyecto activa una negociación contrarreloj en el Senado. El oficialismo busca garantizar los votos para evitar que el acuerdo se caiga y se reabra el frente judicial “bajo condiciones significativamente más gravosas”, según advierte el texto firmado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.
Fuentes parlamentarias anticipan que habrá una reacción favorable, aunque la agenda legislativa está cargada. Esta semana, varios legisladores viajaron a Washington invitados por AmCham y el miércoles se espera una sesión de alto voltaje en Diputados, donde Adorni deberá responder más de 4.800 preguntas de la cámara baja.
Un tema de reputación y política
El consultor Sebastián Maril advirtió que la definición será “una primera prueba de cuánto capital político está dispuesto a invertir el Poder Ejecutivo en un tema que, si bien es financieramente acotado, tiene un peso reputacional significativo”.
El impacto fiscal es marginal en relación con el volumen total de deuda, pero el riesgo de reabrir el conflicto judicial podría implicar costos mayores en el mediano plazo. Además, la aprobación parlamentaria permitiría desactivar los procesos de discovery, mediante los cuales los fondos solicitaban información sobre activos argentinos en el exterior.
Una deuda que atraviesa gobiernos
El litigio que ahora busca cerrarse es un remanente del default de 2001. En 2016, durante la gestión de Mauricio Macri, la Argentina acordó el pago de USD 9.300 millones a la mayoría de los holdouts, lo que permitió salir del default técnico y regresar a los mercados internacionales. Sin embargo, un grupo minoritario de acreedores decidió continuar litigando en busca de mejores condiciones.
A pesar de que más del 95% de los bonistas aceptó las reestructuraciones de 2005, 2010 y 2020, estos casos quedaron abiertos en la Justicia estadounidense y siguieron generando riesgos de embargo sobre activos argentinos. Ahora, el Gobierno de Milei busca cerrar definitivamente ese capítulo, con un acuerdo que combina urgencia política y necesidad de estabilizar la reputación financiera del país.