El Gobierno de Javier Milei anunció el inicio de un procedimiento sancionatorio contra 45 empresas, fondos de inversión, accionistas, directivos y proveedores de servicios vinculados a la exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas sin autorización argentina. La medida apunta principalmente al proyecto petrolero Sea Lion, uno de los desarrollos offshore más importantes del área.

La investigación será impulsada por la Cancillería en el marco de la Ley 26.659, que prohíbe realizar actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina sin autorización del Estado nacional.

Qué busca el Gobierno

Según la comunicación oficial, el proceso no se limita a las compañías operadoras.

También alcanzará a:

• Accionistas.
• Fondos de inversión.
• Directores.
• Prestadores de servicios.
• Consultoras y asesores corporativos.

La estrategia apunta a ampliar las responsabilidades hacia toda la cadena empresarial involucrada en los proyectos hidrocarburíferos desarrollados bajo licencias otorgadas por la administración británica de las islas.

Grupo Navitas Petroleum

Las principales empresas señaladas como presuntas licenciatarias ilegítimas son:

• Navitas Petroleum Development and Production Limited.
• Navitas Petroleum Atlantic Limited.

Además fueron incluidos sus accionistas y directivos:

• Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd.
• Migdal Insurance and Financial Holdings Ltd.
• The Phoenix Holdings Ltd.
• Phoenix Financial Ltd.
• The Phoenix Investments House Ltd.
• Meitav Investment House Ltd.
• Gideon Abraham Tadmor Cohen.
• Yacob Katz.
• Jonathan Akiva Sternberg.
• Boaz Yoel Cohen Tadmor.
• Amit Kornhauser.

Navitas es uno de los principales impulsores del desarrollo del yacimiento Sea Lion.

Grupo Rockhopper Exploration

También fueron alcanzadas:

• Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited.
• Rockhopper Exploration (Oil) Limited.

Entre los accionistas y personas vinculadas figuran:

• Noked Capital Ltd.
• Exodus Management Israel Ltd.
• Ion Fund Management Ltd.
• Aedos Advisers (London) LLP.
• Samuel Moody.
• William Rees Perry.

Rockhopper es socia estratégica de Navitas en el proyecto Sea Lion.

Borders & Southern

Por su participación en licencias otorgadas en el área de Malvinas fueron incorporados:

• Alan Brimacombe.
• Zila Corporation.
• Interactive Investor Limited.
• Hargreaves Lansdown Asset Management Limited.
• Halifax Share Dealing Clients.
• Mr. Newlands.
• Mrs. Newlands.
• Mr. H. Mason.

Además figura:

• Borders & Southern Falkland Islands Limited.

Grupo JHI – Eco Atlantic

Entre las compañías incluidas aparecen:

• JHI Associates Inc.
• JHI Falklands Inc.

Junto a su accionista:

• Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.

También fueron incorporados los siguientes accionistas e inversores:

• CIBC Asset Management.
• Canaccord Genuity Limited.
• Avanza Bank Holding AB.
• Moshe Peterburg.
• Askar Alshinbayev.
• Coronation Fund.
• Westmount Energy Limited.

Empresas de infraestructura y servicios

La lista también incluye compañías consideradas clave para el desarrollo operativo de los proyectos petroleros:

Noble Corporation

Identificada como proveedora estratégica de infraestructura.

Sus accionistas incluidos son:

• AP Moller Holding A/S.
• First Eagle Investment Management LLC.
• Vanguard Portfolio Management LLC.
• Dimensional Fund Advisors LP.

Otras firmas incorporadas

• Netherland, Sewell & Associates Inc. (NSAI), como asesora corporativa.
• Fugro NV, como proveedora de servicios técnicos.

De qué países son los involucrados

Según la documentación difundida por el Gobierno, los investigados pertenecen a:

• Reino Unido.
• Israel.
• Canadá.
• Estados Unidos.
• Países Bajos.
• Dinamarca.
• Suecia.
• Kazajistán.
• Sudáfrica.
• Jersey (Islas del Canal).
• Islas Vírgenes Británicas.

El foco: el proyecto Sea Lion

La mayoría de los sancionados están vinculados al desarrollo del proyecto Sea Lion, ubicado al norte de las Islas Malvinas.

El Gobierno considera que las actividades de exploración y futura explotación de hidrocarburos en esa zona se realizan sin autorización argentina y sostiene que constituyen una vulneración de la legislación nacional y de los derechos soberanos que Argentina reclama sobre el archipiélago y los espacios marítimos circundantes.

La Cancillería deberá ahora determinar, en cada caso, si existen elementos suficientes para aplicar las sanciones previstas por la legislación vigente.