La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realizó un procedimiento en los estudios de la TV Pública para incautar documentación vinculada a los contratos del periodista Marcelo Grandio, en el marco de la investigación sobre el viaje de Manuel Adorni y su familia a Punta del Este. La medida busca determinar si existieron irregularidades contractuales o si se trató de una dádiva, dado que Grandio habría abonado el vuelo privado utilizado por el jefe de Gabinete de Javier Milei.
El vuelo bajo sospecha
Según la Agencia Noticias Argentinas (NA), el piloto Agustín Issin declaró que el traslado fue pagado por Grandio. El viaje se realizó en un avión Honda Jet matrícula LVHWA, contratado al operador Alpha Centauri. El costo estimado de cada tramo en esa aeronave, con capacidad para cinco pasajeros y dos tripulantes, asciende a unos 10.000 dólares, lo que eleva el valor total del trayecto ida y vuelta.
La defensa de Adorni
En conferencia de prensa, Adorni rechazó las acusaciones sobre sus vuelos y su patrimonio. “Trabajé más de 25 años en el sector privado. Hace dos años me convocó el presidente. Mi patrimonio lo construí antes de entrar al Gobierno. No tengo nada que esconder. Estamos poniendo a disposición de la Justicia y los organismos de control toda la información que necesiten”, afirmó.
Estrategia oficialista
El Gobierno busca contener el impacto político del caso con una estrategia de “control de daños”. Según referentes libertarios, el objetivo es mostrar a Adorni “funcionando”, es decir, activo en su rol institucional, participando de reuniones y actos oficiales para desplazar el foco de la polémica. En ese marco, el jefe de Gabinete acompañará este viernes al presidente Javier Milei y a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en la inauguración de un Centro de Formación en La Paternal.
Un caso en desarrollo
El allanamiento en la TV Pública marca un nuevo capítulo en la investigación, que combina aspectos judiciales, políticos y mediáticos. La causa no solo apunta a esclarecer el financiamiento del viaje, sino también a revisar los vínculos contractuales entre periodistas y organismos estatales. El desenlace de este proceso podría tener implicancias tanto en la transparencia institucional como en la dinámica interna del oficialismo.