La estrategia anunciada por el Gobierno de Javier Milei respecto de las actividades petroleras en torno a las Islas Malvinas registró su primer efecto concreto en una compañía de alcance global. SLB, la ex Schlumberger y una de las mayores proveedoras de servicios petroleros del mundo, informó que no participará en proyectos hidrocarburíferos en las islas ni en los espacios marítimos circundantes.

Qué anunció SLB

La empresa comunicó que, en cumplimiento del Decreto 868/2026, no está participando ni tiene previsto participar en licitaciones destinadas a brindar servicios para proyectos petroleros en las Islas Malvinas ni en las áreas marítimas cercanas. Asimismo, ratificó su compromiso de respetar la normativa argentina vigente.

SLB tiene presencia en más de cien países y es considerada uno de los actores más importantes del sector de servicios para la industria del petróleo y el gas. Su actividad incluye perforación, evaluación de reservorios, completación de pozos, producción y soluciones tecnológicas para el sector energético.

La importancia del anuncio

La relevancia del caso no radica solamente en el tamaño de la compañía, sino en su fuerte presencia en Argentina.

SLB mantiene operaciones vinculadas al desarrollo de Vaca Muerta y participa en distintos proyectos junto a empresas como YPF y Vista, por lo que su decisión refleja el peso que el mercado argentino puede tener sobre proveedores internacionales del sector energético.

Según diversos análisis, la decisión constituye una medida preventiva destinada a evitar conflictos regulatorios y preservar sus actividades dentro de Argentina.

El contexto: Sea Lion y las nuevas sanciones

El anuncio llega pocos días después de que el Gobierno argentino endureciera las acciones contra compañías vinculadas al proyecto Sea Lion, impulsado principalmente por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en aguas de Malvinas.

El Decreto 868/2026 aceleró la aplicación de la Ley 26.659 y amplió el alcance de posibles sanciones sobre:

  • Empresas operadoras.
  • Accionistas.
  • Fondos de inversión.
  • Prestadores de servicios.
  • Consultoras y proveedores técnicos.

Además, la Cancillería inició procedimientos contra 45 personas y compañías vinculadas a actividades hidrocarburíferas realizadas sin autorización argentina en el área del archipiélago

¿Afecta directamente al proyecto Sea Lion?

Por el momento, no.

Los reportes disponibles señalan que SLB no informó la cancelación de contratos existentes ni su salida de alguna tarea ya adjudicada. De hecho, distintos medios especializados remarcan que la empresa no estaba directamente comprometida con el desarrollo actual de Sea Lion.

Sin embargo, la decisión es significativa porque muestra que grandes contratistas globales evalúan los riesgos regulatorios y comerciales asociados a operar en torno a Malvinas mientras mantienen negocios dentro de Argentina.

La reacción de Milei

Tras conocerse la decisión de SLB, el presidente Javier Milei celebró públicamente la noticia con su habitual expresión:

«TMAP» (Todo Marcha Acorde al Plan)

Para el Gobierno, el comunicado constituye una prueba de que las medidas anunciadas en la cadena nacional y posteriormente plasmadas en el decreto pueden generar consecuencias reales sobre la cadena de proveedores de los proyectos hidrocarburíferos en disputa.

Se sumaron otras compañías

Horas después del pronunciamiento de SLB, también trascendieron comunicaciones similares de Baker Hughes y Halliburton, dos gigantes internacionales de servicios petroleros, que señalaron que no participarán en proyectos hidrocarburíferos vinculados a las Islas Malvinas o aclararon que no forman parte del desarrollo Sea Lion

Qué significa para la disputa

Aunque estos anuncios no detienen el proyecto Sea Lion, representan las primeras señales de que el endurecimiento de la política argentina sobre los recursos naturales de Malvinas podría influir en decisiones empresariales de compañías con intereses globales y presencia en el mercado energético argentino.

El principal objetivo del Gobierno parece ser precisamente ese: extender el costo de operar en torno a Malvinas más allá de las petroleras directamente involucradas y alcanzar también a sus proveedores, financistas y socios tecnológicos.

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