El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 resolvió suspender el decreto firmado por el presidente Javier Milei que dejaba sin efecto la Ley de Financiamiento Universitario. La medida, dictada por el juez Martín Cormick, obliga al Poder Ejecutivo a aplicar de manera inmediata los aumentos salariales previstos para el personal docente y no docente, así como la actualización de las becas destinadas a los estudiantes.
La resolución judicial se fundamenta en la existencia de un deber claro e ineludible por parte del Estado, derivado del proceso legislativo que culminó con el veto presidencial y la posterior insistencia de ambas cámaras del Congreso en aprobar la norma. En su fallo, Cormick subrayó que la voluntad parlamentaria no puede ser desconocida por el Ejecutivo, ya que constituye la expresión soberana de la representación popular.
La decisión marca un nuevo capítulo en la tensión entre el Gobierno nacional y el Poder Judicial, en un contexto de creciente conflictividad en el ámbito educativo. Universidades públicas de todo el país habían advertido en las últimas semanas sobre la imposibilidad de sostener sus actividades sin la aplicación de la ley, señalando que la falta de financiamiento ponía en riesgo tanto la calidad académica como la continuidad de programas de investigación y extensión.
Organizaciones estudiantiles celebraron la medida, al considerar que garantiza el acceso a las becas y protege el derecho a la educación superior en un momento de fuerte ajuste económico. “Es un triunfo de la comunidad universitaria y de la defensa de la educación pública”, expresaron representantes de la Federación Universitaria Argentina (FUA), quienes habían impulsado movilizaciones en rechazo al decreto presidencial.
Por su parte, especialistas en derecho constitucional remarcaron que el fallo reafirma el principio de división de poderes y la obligación del Ejecutivo de acatar las leyes sancionadas por el Congreso. “La sentencia es un recordatorio de que los decretos no pueden contradecir normas aprobadas por el Parlamento”, señaló un jurista consultado.
La suspensión del decreto y la orden de aplicar la Ley de Financiamiento Universitario generan un impacto inmediato en las cuentas públicas, obligando al Gobierno a reasignar partidas presupuestarias para cumplir con los aumentos. El Ministerio de Economía aún no se pronunció sobre cómo instrumentará la medida, aunque se espera que en los próximos días se definan los mecanismos de actualización salarial y de becas.
El fallo de Cormick, además, podría sentar un precedente relevante para futuros conflictos entre el Ejecutivo y el Legislativo, en especial en materia de políticas sociales y educativas. En un escenario de alta sensibilidad política, la resolución judicial refuerza la vigencia del sistema republicano y el rol de la Justicia como garante del cumplimiento de la ley.