El Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 de La Plata declaró culpable a Tobías Godoy, de 18 años, por el homicidio en ocasión de robo que terminó con la vida de Kim Gómez, una niña de 7 años que murió tras ser arrastrada en el auto de su madre durante un violento asalto ocurrido el 25 de febrero de 2025.
Un hecho que conmovió a La Plata
El episodio se produjo cuando dos jóvenes intentaron robar el vehículo de la madre de la víctima. En medio del forcejeo, la pequeña quedó atrapada y fue arrastrada por más de 15 cuadras, lo que le provocó heridas fatales. La brutalidad del hecho generó una profunda conmoción en la ciudad y abrió un debate sobre la inseguridad y la responsabilidad penal de los adolescentes.
El proceso judicial
El tribunal, integrado por los jueces Marcelo Giorgis, Juan Carlos Estrada y Guillermo Mercenaro, consideró acreditada la responsabilidad penal de Godoy como autor del delito de homicidio en ocasión de robo.
- La fiscal Mercedes Catani solicitó una condena de 23 años y 4 meses de prisión, una de las más altas previstas por la ley para este tipo de delito, cuya escala va de 10 a 25 años.
- La defensa, en cambio, sostuvo que se trató de un homicidio culposo y pidió una pena de 7 años.
Durante la última audiencia, el acusado pidió perdón, aunque sus palabras no lograron mitigar el dolor de los familiares de la víctima, quienes manifestaron que “ellos son los únicos condenados a perpetua” por la pérdida irreparable de Kim.
Próximos pasos
La sentencia definitiva y los fundamentos del fallo se darán a conocer el 16 de marzo de 2026, fecha en la que se establecerá el monto exacto de la pena. Hasta entonces, el joven permanecerá detenido.
Impacto social y debate
El caso reavivó la discusión sobre el régimen penal juvenil en Argentina, que establece que los menores de 16 años son inimputables. Por esa razón, el otro joven involucrado, de 14 años al momento del hecho, quedó fuera del proceso judicial.
La sociedad platense sigue de cerca el desenlace de este juicio, que no solo busca justicia para la familia de Kim Gómez, sino que también plantea interrogantes sobre la eficacia del sistema judicial frente a delitos cometidos por adolescentes y la necesidad de políticas públicas que aborden la problemática de la violencia juvenil.