La Justicia federal dispuso el congelamiento de todos los bienes del economista y exdiputado José Luis Espert por un plazo de 90 días, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero. La medida fue ordenada por el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, quien prohibió innovar sobre los bienes muebles, inmuebles y activos financieros del dirigente libertario, así como de su pareja, María Mercedes González, y de sociedades vinculadas.
La resolución se enmarca en una causa que investiga la transferencia de 200.000 dólares que Espert habría recibido en 2020 de Federico “Fred” Machado, empresario argentino extraditado a Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico y lavado de activos. Según la investigación, los fondos fueron enviados desde Bank of America hacia una cuenta en Morgan Stanley, bajo la referencia de un contrato de asesoría en una mina guatemalteca valuado en un millón de dólares. Sin embargo, la documentación que respalde dicho acuerdo nunca fue presentada.
Un caso con derivaciones políticas
El escándalo estalló en octubre de este año, cuando Espert se perfilaba como candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. La repercusión del caso lo obligó a presentar su renuncia, aceptada por el presidente Javier Milei en un intento de mitigar el impacto electoral. La decisión contó con el respaldo de sectores internos y externos, incluida la presión del expresidente Mauricio Macri, que reclamó un gesto político para preservar la campaña oficialista.
La medida judicial implica que los bienes de Espert y de los demás involucrados no podrán ser vendidos, transferidos ni gravados, con el objetivo de preservar el patrimonio y evitar maniobras que dificulten un eventual recupero de fondos de origen ilícito. El congelamiento alcanza también a un hermano del exdiputado y a un socio de Machado, además de sociedades vinculadas a operaciones inmobiliarias.
Patrimonio bajo sospecha
El fallo del juez Mirabelli señala que entre 2018 y 2020 Espert duplicó su patrimonio, incorporando un BMW y un condominio valuado en 18 millones de pesos, además de registrar subvaluaciones y omisiones en sus declaraciones juradas. Entre ellas, la participación en Varianza S.A., inscripta en un peso pese a movimientos financieros previos, y una factura de 300.000 dólares emitida por Wellington Capital Markets Ltd, con sede en Panamá y Australia, que nunca fue declarada.
Los investigadores también pusieron la lupa sobre Manuel Iglesias, hijo de la pareja de Espert, de 23 años, quien figura como titular de un vehículo valuado en más de 70 millones de pesos sin declarar ingresos. Para la Justicia, este hecho podría constituir un mecanismo de ocultamiento de activos mediante familiares.
Avances judiciales y allanamientos
La causa registró avances significativos en los últimos meses. En octubre, el juez Mirabelli ordenó allanamientos simultáneos en la vivienda de Espert en Beccar, su despacho en la Cámara de Diputados —con autorización del cuerpo legislativo— y estudios contables vinculados. También se realizaron operativos en domicilios relacionados con Machado en Río Negro. Durante los procedimientos, la Policía Federal secuestró documentación clave sobre transferencias financieras y contratos, además de anotaciones manuscritas que mencionaban facturaciones a nombre de María Pía Novelli, hermana de un imputado en el caso de la criptomoneda $LIBRA.
En paralelo, el juez federal porteño Marcelo Martínez de Giorgi investiga a Espert en otra causa vinculada a vuelos en aviones de Machado durante la campaña presidencial de 2019. El expediente permanece bajo secreto de sumario, aunque se esperan nuevas medidas en las próximas semanas.
Un proceso con múltiples aristas
La investigación contra Espert no solo apunta a sus vínculos con Machado, sino también a la estructura empresarial y financiera que habría utilizado para canalizar fondos de origen ilícito. La Justicia analiza sociedades offshore, movimientos bancarios y contratos que, según los investigadores, carecen de respaldo documental suficiente. El caso, además, expone la fragilidad de los mecanismos de control patrimonial en la política argentina y reaviva el debate sobre la transparencia en el financiamiento de campañas electorales.