La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó una demanda ambiental presentada por la Asociación de Superficiarios de la Patagonia (ASSUPA) contra todas las operadoras de la Cuenca Neuquina y generó alivio entre las empresas del sector energético. Para las petroleras —muchas de ellas adheridas al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI)— el fallo representa un mensaje de seguridad jurídica, previsibilidad y estabilidad institucional para proyectos en marcha y nuevas inversiones en Vaca Muerta, uno de los pilares del plan económico del Gobierno.
En su resolución, el máximo tribunal resolvió “rechazar la demanda interpuesta por ASSUPA”, que reclamaba la “recomposición integral de los daños colectivos ambientales” y la creación de un “fondo de restauración ambiental” financiado por las compañías.
Falta de pruebas técnicas y cuestionamientos al planteo ambientalista
La Corte sostuvo que la ONG no aportó evidencia técnica suficiente para demostrar que la actividad hidrocarburífera “provoque efectivamente degradación o contaminación en recursos ambientales interjurisdiccionales”.
El tribunal remarcó que la demanda no precisó:
- qué suelos estarían afectados,
- qué cursos de agua habrían sido contaminados,
- ni la magnitud o gravedad de los daños alegados.
Para los jueces, la estrategia de ASSUPA de atribuir daño ambiental a toda la actividad petrolera en general constituyó “un vano esfuerzo” y careció de los elementos mínimos para habilitar un proceso judicial de esta naturaleza.
Fuentes del Palacio de Justicia interpretaron el fallo como “un llamado de atención” a ONG que promueven litigios sin sustento técnico, con el objetivo de negociar posteriormente. En ese sentido, calificaron el planteo como una “excursión de pesca” y un intento de utilizar causas ambientales como herramienta de presión.
Derecho a la defensa y límites al activismo judicial
El fallo también puso el foco en la incertidumbre jurídica que genera para las empresas quedar sometidas a un juicio sin una atribución clara de responsabilidad. La Corte enfatizó que el Poder Judicial no puede suplir las deficiencias de las partes y que debe garantizar un marco de defensa constitucionalmente sostenible.
Según fuentes cercanas al tribunal, la decisión reafirma un modelo de Justicia que:
- no reemplaza la carga probatoria de los demandantes,
- protege el derecho de defensa de las empresas,
- y evita que litigios sin sustento afecten la actividad económica.
Federalismo y autonomía provincial en materia ambiental
Otro eje central del fallo fue la defensa del federalismo. La Corte subrayó que la fiscalización ambiental y el poder de policía sobre la actividad hidrocarburífera corresponden a las provincias productoras, y que la demanda de ASSUPA invadía ese ámbito de competencia.
El tribunal destacó la necesidad de preservar el amplio campo de acción que la Constitución otorga a las jurisdicciones locales en materia de recursos naturales.
Impacto económico: un mensaje directo a los mercados
En los pasillos de Tribunales, la resolución fue interpretada como una señal de estabilidad para los inversores. Según fuentes judiciales, el fallo constituye:
- una defensa del derecho de propiedad,
- una reafirmación de la libre empresa,
- y un respaldo a la previsibilidad normativa necesaria para inversiones de largo plazo.
El razonamiento es claro: sin reglas estables, no hay ingreso de capitales; sin capitales, no hay expansión productiva ni generación de divisas.
El festejo de las empresas: “Es clave para nuevos proyectos”
Voceros del sector petrolero celebraron la decisión y destacaron que la seguridad jurídica es indispensable para inversiones que:
- son multimillonarias en dólares,
- requieren años de permanencia,
- y dependen de un marco regulatorio estable.
Un referente del sector lo sintetizó así:
“Ninguna empresa quiere generar daños ambientales. Se invierte mucho dinero para operar de manera sustentable. Este fallo permite desarrollar los proyectos en marcha y sumar nuevos jugadores”.
Las compañías consideran que el dictamen despeja incertidumbre y fortalece la posición de Argentina como destino de inversiones energéticas en un contexto global competitivo.