La licitación de la Hidrovía Paraná–Paraguay, la vía por donde sale el 80% de las exportaciones agroindustriales argentinas, se convirtió en el proceso más grande y políticamente sensible del gobierno de Javier Milei. Con un contrato de 25 años, inversiones estimadas en US$ 10.000 millones y una facturación anual de entre US$ 200 y 300 millones, la disputa escaló desde denuncias locales hasta advertencias del Congreso de Estados Unidos.
Este jueves, el juez federal Daniel Rafecas rechazó un pedido para suspender la licitación, horas después de que Reuters revelara que el congresista republicano Brian Mast, presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes y aliado de Donald Trump, había enviado una carta al secretario de Estado Marco Rubio alertando sobre una supuesta “influencia maligna china” en la puja.
La tensión creció aún más cuando el asesor presidencial Santiago Caputo viajó a Washington y mantuvo reuniones con Mast, con Michael Jensen (Consejo de Seguridad Nacional) y con el embajador argentino Alec Oxenford. La licitación pasó así del plano económico al tablero geopolítico.
Una obra estratégica para el comercio exterior
La Hidrovía es la principal vía navegable de Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Por allí circulan más de 80 millones de toneladas de granos y derivados por año.
Compiten dos consorcios:
- Jan De Nul (Bélgica), operador desde 1995.
- DEME (Bélgica), que sumó a KKR, Great Lakes Dredge & Dock y Clear Street para robustecer su oferta con capital estadounidense.
El Gobierno excluyó a empresas estatales extranjeras, lo que dejó afuera a las firmas chinas. Pero eso no evitó que la discusión sobre la influencia de Beijing se instalara en Washington.
Los Neuss: socios ocultos, vínculos políticos y sospechas
Las denuncias opositoras apuntan a los hermanos Juan, Patricio y Georgi Neuss, empresarios cercanos a Santiago Caputo desde la infancia. Según la diputada Marcela Pagano, los Neuss tendrían una participación del 50% en la oferta de Jan De Nul a través de subcontrataciones no declaradas.
Los Neuss:
- crecieron aceleradamente en el sector energético,
- son socios de Genneia en Transener,
- financian la Fundación Faro (Agustín Laje y Francisco Caputo),
- aportaron $35 millones a La Libertad Avanza en 2025,
- y están vinculados al Grupo Román, socio de Jan De Nul en Servimagnus.
La oposición denuncia un entramado de relaciones que, según sostienen, podría direccionar la licitación.
Alarma en EE.UU. por presunta influencia china
El consorcio DEME trasladó a funcionarios estadounidenses que Servimagnus, socio local de Jan De Nul, tendría vínculos con empresas chinas a través de Agrofina, lo que representaría un riesgo para la seguridad nacional de Argentina y Estados Unidos.
En su carta a Rubio, Mast pidió monitorear el proceso.
Jan De Nul y Servimagnus respondieron:
“Las referencias a supuestos vínculos con capitales chinos son absolutamente falsas y malintencionadas”.
También recordaron que DEME integró un joint venture con empresas chinas en la licitación corta de 2022 y en proyectos en Ecuador.
La Agencia Nacional de Puertos reconoció esas alianzas previas, pero aclaró que no constituyen causal de descalificación.
Irregularidades, denuncias y el fallo de Rafecas
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) emitió tres dictámenes críticos:
- falta de estudios de impacto ambiental,
- incumplimiento del Acuerdo de Escazú,
- ausencia de participación de provincias ribereñas,
- cláusulas restrictivas para impugnar (garantía de US$ 10 millones),
- riesgo de direccionamiento.
Con ese material, el diputado Jorge Taiana (UxP) presentó un proyecto para suspender la licitación y exigir una nueva audiencia pública.
Pero Rafecas rechazó la cautelar:
- coincidió con el fiscal Guillermo Marijuan,
- sostuvo que no hay riesgo concreto,
- y permitió que el proceso continúe.
La etapa final: ofertas económicas y tensión máxima
El 19 de mayo se abrió el tercer sobre, con las ofertas económicas. Ambas empresas ofertaron el piso tarifario previsto. Como Jan De Nul obtuvo mayor puntaje técnico, quedó mejor posicionada.
DEME denunció “serias dudas” sobre el procedimiento y dejó abierta la posibilidad de apelar, aunque la garantía de impugnación es de US$ 10 millones.
Un proceso atravesado por denuncias, geopolítica y poder económico
La licitación más grande del gobierno Milei llega a su tramo final rodeada de:
- denuncias judiciales,
- advertencias de la PIA,
- lobby geopolítico que escaló hasta el Congreso de EE.UU.,
- acusaciones cruzadas entre empresas,
- y una oposición que exige suspender el proceso.
Mientras tanto, el Gobierno avanza. Los Neuss esperan. Caputo volvió de Washington. Y el río —como siempre— sigue fluyendo.