La Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, alcanzó un acuerdo político con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, para avanzar en el traspaso de los juzgados nacionales de competencia laboral a la Ciudad de Buenos Aires. En la Casa Rosada reconocen que el proceso podría derivar en una batalla judicial, en un contexto donde la reforma laboral aprobada en el Senado enfrenta resistencias en distintos sectores.
Un acuerdo con proyección política
La decisión de transferir los fueros laborales a la órbita porteña se formalizó a través del Decreto 95/2026, firmado el 9 de febrero, que delega en el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la facultad de suscribir el convenio de traspaso. Adorni, figura en ascenso dentro de La Libertad Avanza y potencial candidato en la Ciudad, será el encargado de llevar adelante la transferencia de competencias judiciales.
El acuerdo entre la Casa Rosada y Uspallata, sede del gobierno porteño, reavivó especulaciones sobre un entendimiento político con proyección electoral hacia 2027. Aunque se trata de una deuda histórica de la Nación con la Ciudad en materia de autonomía, el trasfondo político genera interrogantes en el escenario judicial y parlamentario.
Advertencias y resistencias
En la previa de la sesión del Senado, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) transmitió su preocupación por el traspaso en reuniones con la vicepresidenta Victoria Villarruel, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y representantes de distintos bloques. Allí se planteó la posibilidad de judicializar la medida, lo que podría frenar la implementación de una parte central de la reforma laboral.
Desde el oficialismo libertario admiten el riesgo: “Seguramente la van a judicializar, pero la vamos a pelear hasta la última instancia”, señalaron fuentes cercanas al Gobierno.
La posición de la Ciudad
El ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, defendió la medida en redes sociales: “Desde el primer día lo dijimos: la Ciudad debe ser plenamente autónoma. La Corte Suprema lo ratificó en el fallo Levinas y ahora los legisladores empezaron a saldar una deuda histórica”. Tapia mantiene un diálogo permanente con el secretario de Justicia de la Nación, Sebastián Amerio, quien conduce la política judicial del Gobierno de Milei.
Desde el Ejecutivo porteño remarcan que ya en 2024 se impulsó la creación de un fuero laboral propio, con concursos abiertos en el Consejo de la Magistratura y una comisión conjunta con la Nación. Según explican, el nuevo fuero atenderá principalmente demandas individuales de trabajadores, en el marco del proceso de autonomía judicial.
El rol de Angelici y las especulaciones
En paralelo, volvió a mencionarse el nombre de Daniel “Tano” Angelici, histórico dirigente radical con vínculos en el poder judicial. Mientras algunos despachos niegan su participación en el acuerdo, otras voces aseguran que Angelici siempre está al tanto de los movimientos en la política judicial porteña.
La Casa Rosada, por su parte, defendió el traspaso y aseguró que será acompañado por los recursos correspondientes. “No se puede impulsar una reforma laboral moderna manteniendo estructuras judiciales del viejo orden”, remarcaron fuentes oficiales.
Un futuro abierto
El debate sobre el traspaso de los fueros laborales abre un escenario de tensión entre Nación, Ciudad y el Poder Judicial. Para algunos especialistas, la medida podría implicar el cierre de los juzgados nacionales del trabajo y, en los hechos, la desaparición del fuero laboral tal como se lo conoce.
Con media sanción en el Senado y pendiente de aprobación en Diputados, el proyecto se convierte en un nuevo capítulo de la disputa por la autonomía porteña y la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei.