El juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan concluyó este miércoles con una única condena y tres absoluciones. Por mayoría, el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz sentenció al excomandante de la Fuerza de Submarinos, Claudio Villamide, a tres años de prisión en suspenso por su responsabilidad en la tragedia que provocó la muerte de los 44 tripulantes.

Villamide fue considerado culpable de estrago culposo agravado por la muerte de los marinos e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en línea con lo solicitado por la fiscalía. Al tratarse de una pena condicional, no deberá cumplir prisión efectiva.

En el mismo fallo, los jueces absolvieron a otros tres altos mandos de la Armada:

  • Luis Enrique López Mazzeo, excomandante de Adiestramiento y Alistamiento
  • Héctor Aníbal Alonso, exjefe del Estado Mayor de la Fuerza de Submarinos
  • Hugo Correa, exjefe de Operaciones

Un juicio de más de 30 audiencias y 90 testigos

El proceso oral comenzó el 3 de marzo en Río Gallegos y se extendió durante más de 30 audiencias, con la declaración de cerca de 90 testigos, entre ellos especialistas navales, ingenieros, peritos, submarinistas y exintegrantes de la cúpula de la Armada.

La causa buscó determinar si existieron responsabilidades en la cadena de mando por las condiciones operativas del submarino, su mantenimiento y las decisiones tomadas antes y durante la última misión. El ARA San Juan había reportado una avería por ingreso de agua al sistema de ventilación y un principio de incendio en el compartimiento de baterías de proa antes de perder contacto.

Un año después, la nave fue localizada a casi 900 metros de profundidad en el Atlántico Sur. Los peritajes concluyeron que sufrió una implosión producto de la presión del agua tras perder la capacidad de mantenerse a flote.

Las posiciones enfrentadas durante el debate

La fiscalía

El fiscal Gastón Pruzán sostuvo que hubo incumplimientos que aumentaron el riesgo de la misión y contribuyeron al desenlace. Pidió penas de:

  • 5 años para Villamide y López Mazzeo
  • 4 años para Alonso
  • 3 años y 6 meses para Correa

Las defensas

Las defensas argumentaron que el submarino estaba considerado apto para navegar, y que la decisión del comandante del buque, Pedro Fernández, de iniciar la misión demostraba que las fallas no impedían su operación.

Documentos incorporados al expediente mostraron reparaciones pendientes, pruebas técnicas y registros internos. Entre los puntos discutidos estuvieron:

  • la falta de una prueba de máxima profundidad,
  • controles del sistema de refrigeración,
  • tareas de mantenimiento del casco.

Los informes técnicos indicaron que esas tareas pendientes no necesariamente impedían la operación, postura utilizada por las defensas.

El reclamo de los familiares

Los familiares de los 44 tripulantes reclamaron que se establecieran responsabilidades por una tragedia que consideran evitable. Entre los querellantes estuvieron:

  • Luis Tagliapietra, padre de uno de los marinos
  • Las abogadas Valeria Carreras y Lorena Arias

El tribunal señaló que los pedidos de las querellas excedieron los límites de la acusación formal, ya que no presentaron un requerimiento propio de elevación a juicio.

La última declaración de Villamide

Antes del veredicto, Villamide defendió su inocencia:

“Al día de hoy no entiendo claramente por qué me han acusado por el naufragio”.

Afirmó que no se estableció una conducta concreta que hubiera provocado el hundimiento y que aún no existe una explicación definitiva sobre la mecánica exacta de la tragedia.

También recordó que fue destituido de la Armada, perdió su grado militar y dejó de usar el uniforme.

La causa paralela por espionaje a familiares

En paralelo, la Justicia investigó presunto espionaje ilegal a familiares de los tripulantes durante el gobierno de Mauricio Macri. La causa analizó tareas de seguimiento, fotografías e informes sobre familiares que reclamaban avances en la búsqueda entre 2017 y 2018.

El juez federal Julián Ercolini sobreseyó a los exdirectores de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, en la causa conocida como “bases AMBA”.

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