La maniobra fue descubierta durante un operativo judicial de incineración de drogas en Colonia Benítez. Entre los acusados hay un comisario, un subcomisario y varios efectivos policiales. La investigación reveló conversaciones comprometedoras y un presunto plan para sustituir la cocaína por réplicas de yeso.

Un escándalo sacude a la Policía del Chaco luego de que ocho efectivos, entre ellos un comisario y un subcomisario, fueran acusados de intentar sustraer casi diez kilos de cocaína que debían ser destruidos por orden de la Justicia Federal. La causa, que avanzó con pedidos de condenas de entre 8 y 15 años de prisión, expuso una maniobra que los fiscales calificaron como “burda” y “evidente”, y que terminó al descubierto por un faltante detectado durante un control de rutina.

El episodio ocurrió el 18 de diciembre de 2025 en el Polígono de Tiro de Colonia Benítez, donde se desarrollaba un procedimiento oficial para la incineración de estupefacientes secuestrados en diferentes investigaciones judiciales. La actividad contaba con la presencia de funcionarios judiciales encargados de supervisar cada una de las etapas del operativo, desde el pesaje hasta la destrucción final de la droga.

Cómo descubrieron la maniobra

Según consta en la investigación, el plan comenzó a desmoronarse cuando el secretario penal del Juzgado Federal N° 2 de Resistencia advirtió irregularidades durante el traslado de las cajas que contenían la droga.

Los efectivos encargados de mover los paquetes desde la balanza hasta una camioneta oficial habrían ocultado nueve ladrillos de cocaína debajo de los asientos del vehículo y también dentro de una mochila. La situación despertó sospechas entre los presentes, quienes dispusieron una nueva verificación del procedimiento.

El pesaje posterior confirmó un faltante superior a un kilogramo de droga. Ante esa situación, se ordenó una requisa inmediata que permitió recuperar los paquetes sustraídos, cuyo valor en el mercado ilegal fue estimado en más de 142.000 dólares.

Las actuaciones posteriores revelaron además que los involucrados habrían evaluado reemplazar parte de la cocaína por panes de yeso con características similares para evitar que la diferencia fuera detectada durante los controles.

Los mensajes que comprometieron a los acusados

Uno de los elementos más contundentes incorporados a la causa fueron las conversaciones encontradas en los teléfonos celulares de algunos de los efectivos imputados.

Los intercambios de WhatsApp mostraron que la posibilidad de aprovechar la jornada de incineración para apropiarse de parte de la droga había sido discutida previamente entre varios de los acusados.

En uno de los mensajes incorporados al expediente, un policía escribió:

“Mañana tenemos la quema, capaz rescate algo. ¿Vos tenés el conecte para que se vaya rápido?”.

La frase que terminó convirtiéndose en uno de los símbolos del caso surgió en otra conversación, cuando uno de los involucrados manifestó su interés en quedarse con parte del cargamento para resolver problemas económicos personales:

“Salgo de todas mis deudas con una cajita de esas”.

Los investigadores también hallaron referencias a la posibilidad de confeccionar réplicas de los paquetes utilizando yeso, una alternativa que habría sido analizada para ocultar la sustracción del estupefaciente y evitar que el faltante quedara en evidencia durante el procedimiento oficial.

Quiénes son los policías acusados

La Fiscalía Federal identificó como presunto organizador de la maniobra al comisario Rubén Héctor César Alegre, quien se desempeñaba como jefe de la División Operaciones Metropolitanas. Para él se solicitó una pena de 15 años de prisión.

El subcomisario Franco Andrés Ramírez fue acusado de haber conducido la camioneta utilizada durante el operativo y de no obedecer de manera inmediata las órdenes impartidas por el funcionario judicial cuando surgieron las sospechas. Los fiscales pidieron para él 12 años de prisión.

Por su parte, el cabo primero Gustavo Andrés Quizama fue señalado como quien habría participado directamente en la sustracción de la droga, motivo por el cual enfrenta un pedido de 11 años de prisión.

También fueron acusados:

  • Néstor Ariel Urne Canteros (cabo), presuntamente vinculado a la preparación de los bloques de yeso.
  • Juan Nicolás Almirón Núñez (cabo primero), acusado de transportar parte de la cocaína y de mantener contactos para su eventual comercialización.

Para ambos integrantes de la fuerza, la Fiscalía solicitó 11 años de prisión.

Además, enfrentan pedidos de condena de 8 años de prisión:

  • Gustavo Jesús Acosta (sargento).
  • Gastón Ezequiel Villalba (cabo).
  • Francisco Lucas Leonel García (cabo primero).

Según la acusación, estos efectivos habrían desempeñado funciones de apoyo logístico, custodia y eventual colocación de la droga en circuitos de comercialización ilegal.

Un caso que impacta en las instituciones

El expediente generó fuerte repercusión debido a que la presunta maniobra tuvo lugar durante un operativo destinado justamente a destruir sustancias ilegales secuestradas por la Justicia. Para los investigadores, el caso expone una grave vulneración de la confianza pública depositada en las fuerzas encargadas de combatir el narcotráfico.

La causa avanza ahora hacia una definición judicial en la que los ocho efectivos deberán responder por los hechos que les atribuye la Fiscalía Federal. Mientras tanto, las evidencias reunidas, especialmente los mensajes telefónicos y la recuperación de la droga desaparecida, se convirtieron en piezas centrales de una investigación que dejó al descubierto uno de los episodios más insólitos registrados dentro de una fuerza de seguridad provincial en los últimos años.

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