La Inspección General de Justicia (IGJ) resolvió enviar veedores a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para revisar sus balances y movimientos financieros, tras detectar irregularidades en la rendición de cuentas de la entidad que conduce Claudio “Chiqui” Tapia. La medida se fundamenta en la falta de explicaciones sobre los números de la organización durante los últimos ocho años y en la existencia de maniobras administrativas cuestionadas.
Irregularidades en balances y una sede “fantasma”
El Inspector General de Justicia, Daniel Vítolo, explicó que la decisión responde a la negativa de la AFA de entregar documentación requerida y a la gravedad de las irregularidades detectadas. “El ente rector del fútbol argentino no explica las cifras globales de sus balances desde hace más de ocho años, por lo que se desconoce el origen y destino cierto de los millones de dólares que circularon por la AFA”, señaló.
Entre los hallazgos figura un intento de traslado de sede a un predio en la Provincia de Buenos Aires, que resultó ser inexistente. Según la IGJ, la asociación buscó inscribirse en otra jurisdicción para evitar controles, pero la mudanza nunca se concretó y las oficinas continúan operando en la calle Viamonte, en la Ciudad de Buenos Aires.
La “Universidad de la AFA” y contratos bajo sospecha
Otro punto cuestionado es la denominada Universidad de la AFA (UNAFA), que funciona sin estar registrada en ningún organismo oficial. Además, la resolución ordenó auditar convenios con empresas como TourProdEnter y Sur Finanzas, así como pagos a comercializadores de derechos en el exterior. La sospecha es que hubo ingresos millonarios que no fueron contabilizados oficialmente.
El Gobierno subrayó que en la “nueva Argentina” no existen privilegios y que todas las asociaciones deben cumplir con la ley. “Nadie está por encima de la normativa”, enfatizó Vítolo.
Posibles derivaciones penales
La intervención informativa también apunta a maniobras económicas vinculadas a la falta de depósitos de aportes previsionales. Las autoridades de la AFA fueron citadas a prestar declaración indagatoria por la presunta retención de importes millonarios correspondientes a impuestos y contribuciones.
Los veedores tendrán la misión de rastrear dinero que habría sido enviado o recibido desde el exterior sin quedar registrado en los balances. Según peritajes recientes, parte de los ingresos de la entidad habrían sido derivados a través de sociedades controladas por allegados a la dirigencia.
Un conflicto que escala
La decisión de la IGJ marca un nuevo capítulo en la relación entre el Gobierno y la conducción de la AFA. El organismo busca transparentar las cuentas de la institución que administra el fútbol argentino y que, tras el título mundial en Qatar 2022, maneja contratos millonarios en derechos televisivos, comerciales y de patrocinio.
La disputa por los balances abre un frente judicial y político que podría redefinir el control estatal sobre una de las asociaciones más poderosas del país.