La organización ambientalista Greenpeace difundió imágenes aéreas que muestran intervenciones en zonas de alta montaña de la provincia de San Juan, donde existen proyectos mineros en distintas etapas. El material registrado incluye aperturas de caminos, remoción de suelo y delimitaciones para futuras tareas exploratorias en áreas que, según la Ley 26.639, deben permanecer bajo protección como reservas estratégicas de agua dulce.
Evidencias en glaciares inventariados
Entre los puntos relevados figura el glaciar de escombros G110, oficialmente inventariado y alcanzado por la normativa vigente, que aparece rodeado de operaciones vinculadas a la actividad extractiva. El hallazgo pone en tensión el marco legal que protege glaciares y ambiente periglacial frente al avance de proyectos mineros.
Desde Greenpeace sostienen que estas acciones deberían evaluarse bajo el principio precautorio establecido en la ley, que obliga a priorizar la preservación de los ecosistemas hídricos frente a riesgos potenciales.
Riesgo para los sistemas hídricos
El relevamiento incluyó sectores que alimentan a los ríos San Juan y Jáchal, cursos de agua fundamentales para el abastecimiento humano y el desarrollo de economías regionales. “Los sistemas hídricos nacen en estas áreas protegidas y sostienen a miles de personas aguas abajo. El debate legislativo no es abstracto, involucra territorios concretos y fuentes reales de agua dulce”, remarcaron desde la organización.
La especialista en Biodiversidad de Greenpeace Argentina, Agostina Rossi Serra, advirtió: “Lo que esta reforma plantea, en los hechos, es invertir el principio básico del derecho ambiental. En lugar de exigir que los proyectos se ajusten a la normativa vigente, se buscaría modificar el alcance de la ley para adecuarla a emprendimientos ya avanzados en zonas sensibles”.
Debate legislativo y crisis climática
La discusión sobre posibles cambios en la Ley de Glaciares llega en un contexto de crisis climática y creciente demanda de agua. Para Greenpeace, cualquier modificación normativa debería priorizar la seguridad hídrica y el cumplimiento estricto del marco ambiental vigente.
“El Congreso deberá definir si se mantiene un límite claro para la protección de glaciares y ambiente periglacial o si se avanza hacia un esquema más flexible. La decisión tendrá implicancias directas sobre la gestión de recursos estratégicos”, concluyeron los especialistas.