Un repaso por los decretos de prohibición y las listas negras del Proceso de Reorganización Nacional sobre bienes culturales nacionales e internacionales.
La censura como política de Estado
El control de la vida cotidiana durante la última dictadura militar argentina (1976-1983) no se limitó a la persecución política directa. El régimen extendió su poder hacia el terreno simbólico mediante un sistema de censura que alcanzó a libros, discos, películas y hasta juguetes. La lógica oficial se sustentaba en la detección de “veneno ideológico” y en la defensa de los “valores de la moral cristiana”, conceptos que funcionaron como paraguas para justificar la represión cultural.
La censura se convirtió en una herramienta de disciplinamiento social. El Ministerio de Cultura y Educación, junto con la Secretaría de Información Pública, elaboraron decretos y circulares que definían qué materiales podían circular y cuáles debían ser retirados de las escuelas, bibliotecas y medios de comunicación. El objetivo era moldear un imaginario colectivo acorde con la doctrina militar y eliminar cualquier manifestación que promoviera la crítica, la imaginación libre o la disidencia.
Libros bajo sospecha
Uno de los casos más emblemáticos fue la prohibición del libro infantil Un elefante ocupa mucho espacio, de Elsa Bornemann. A través del Decreto 3155/77, el gobierno de facto sostuvo que la obra tenía una “finalidad de adoctrinamiento preparatoria a la captación ideológica propia del accionar subversivo”. La historia de animales en huelga dentro de un circo fue considerada peligrosa para la formación de los menores.
La censura no distinguía entre autores consagrados o literatura infantil. El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry, fue retirado en distintas jurisdicciones bajo la sospecha de que su mensaje sobre lo esencial e invisible fomentaba un pensamiento autónomo, alejado de la autoridad. Para los militares, cualquier texto que estimulara la imaginación sin control rígido podía ser un vehículo de “infiltración marxista”.
El rock y la música popular en la mira
La música fue otro frente de batalla. El Comité Federal de Radiodifusión (COMFER) confeccionó listas negras que incluían artistas nacionales e internacionales. Canciones como Viernes 3 AM de Serú Girán fueron prohibidas por “incentivar al suicidio”, mientras que temas de Queen, como Get Down, Make Love, fueron vetados por su contenido considerado lascivo.
En 1979, la circular 24-S detalló una nómina de canciones que no debían difundirse en radio ni televisión. Entre ellas figuraban títulos de Cacho Castaña, Palito Ortega y Joan Baez, además de John Lennon. El propósito era “limpiar” el espectro radioeléctrico de mensajes que se apartaran del orden familiar y la jerarquía militar.
Educación y “pedagogía subversiva”
El ámbito educativo fue intervenido con documentos como Subversión en el ámbito educativo (conozcamos a nuestro enemigo), distribuido en 1977. Allí se instruía a padres y docentes a denunciar materiales que incluyeran términos como “lucha de clases” o “compromiso social”. Incluso la matemática moderna fue cuestionada en algunas provincias, bajo el argumento de que el estudio de conjuntos facilitaba la comprensión de la organización colectiva.
Exbibliotecarios y docentes recuerdan prácticas de “descarte” y ocultamiento. Ante el temor a las requisas, muchas instituciones destruyeron o escondieron catálogos enteros. “Tuvimos que enterrar libros de sociología y psicología en un jardín porque sabíamos que tener a Freud o a Marx era una condena a muerte”, relató una docente de la Universidad Nacional de La Plata.
Cine, juguetes y la quema de libros
El Ente de Calificación Cinematográfica, dirigido por Miguel Paulino Tato, prohibió más de 700 películas entre 1974 y 1980. Obras como Último tango en París o La naranja mecánica fueron censuradas totalmente, mientras que en otras se cortaban escenas de besos o diálogos que cuestionaran la institución matrimonial.
La represión cultural alcanzó también a los juguetes. Se prohibió la importación de juegos de mesa provenientes del bloque socialista y se promovieron artículos que reforzaran roles de género tradicionales y la disciplina militar.
El episodio más brutal fue la quema de libros de la editorial Centro Editor de América Latina en junio de 1980, en Sarandí. Cerca de un millón y medio de ejemplares fueron incinerados por orden judicial. Entre las cenizas quedaron colecciones de historia, literatura clásica y enciclopedias técnicas, consideradas “material cuestionable” por los peritos militares.
La resistencia cultural y el regreso democrático
Hacia el final de la dictadura, el desgaste del régimen permitió la circulación clandestina de materiales prohibidos. Los libros se pasaban de mano en mano, forrados en papel de diario o con tapas falsas. Esa resistencia cultural fue clave para preservar parte del acervo bibliográfico que sobrevivió en bibliotecas privadas hasta la recuperación democrática en 1983.
Con la asunción de Raúl Alfonsín el 10 de diciembre de ese año, se derogaron los decretos de censura y se desmantelaron los organismos de calificación. Las listas negras del COMFER fueron dadas de baja y artistas exiliados como Mercedes Sosa o Horacio Guarany volvieron a sonar en las radios locales. El sistema de censura administrativa dejó un registro de más de 200 resoluciones específicas contra libros y discos, testimonio de un período en el que la cultura fue considerada un enemigo.