El Gobierno nacional presentó una denuncia judicial contra la multinacional de defensa y ciberseguridad Thales, a raíz de dos vuelos presuntamente realizados sin autorización entre Punta Arenas (Chile) y las Islas Malvinas durante septiembre de 2026. La presentación fue realizada por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) ante el juez federal Sebastián Ramos.
La causa se centra en dos operaciones aéreas efectuadas los días 19 y 24 de septiembre, que habrían sido realizadas por una aeronave de matrícula británica G-FPLD, perteneciente a la compañía.
Qué investiga la Justicia
Según la denuncia, los vuelos no fueron informados a la autoridad aeronáutica argentina ni contaron con los permisos correspondientes.
La presentación sostiene además que la ANAC había advertido previamente que esas operaciones no estaban autorizadas y solicita que se investiguen eventuales infracciones vinculadas a:
- La seguridad de las aeronaves.
- El cruce clandestino o irregular de fronteras.
- La posible alteración del funcionamiento normal de los sistemas de transporte.
El organismo también pidió el eventual decomiso de la aeronave involucrada, una medida que quedará sujeta a lo que determine la investigación judicial.
El avión bajo sospecha
La aeronave investigada es un Beechcraft B200 Super King Air, un bimotor turbohélice utilizado habitualmente para tareas de inspección aérea de sistemas de navegación.
El aparato pertenece a Thales UK Flight Inspection Service, una división especializada en la verificación de:
- Radioayudas.
- Sistemas de aproximación instrumental.
- Equipos de navegación aérea.
- Radares aeronáuticos.
Por sus características técnicas, el avión podría realizar controles sobre instalaciones de navegación utilizadas tanto en aeropuertos civiles como en bases militares.
La hipótesis sobre actividades en Malvinas
Uno de los puntos que analiza la investigación es si los vuelos estuvieron relacionados con tareas técnicas vinculadas a la base británica de Mount Pleasant, principal complejo militar del Reino Unido en las Islas Malvinas.
Hasta el momento no se determinó:
- Quién contrató los servicios.
- Qué tareas concretas realizó la aeronave.
- Si transportó personal.
- O si efectuó inspecciones sobre equipamiento militar o civil.
La Justicia deberá establecer cuál fue la verdadera naturaleza de las operaciones realizadas entre Chile y las islas.
La particularidad: Thales trabaja con el Estado argentino
El caso genera una situación singular porque Thales mantiene una presencia histórica en Argentina y posee contratos con distintos organismos estatales.
Entre sus clientes figuran:
- El Ejército Argentino.
- La Fuerza Aérea.
- La Armada.
- La Dirección Nacional de Migraciones.
- El RENAPER.
La compañía participa en proyectos vinculados con:
- Radares de vigilancia terrestre y costera.
- Sistemas de seguridad e identificación.
- Tecnología para pasaportes electrónicos.
- Soluciones de ciberseguridad y defensa.
También colaboró en la instalación del sistema Vigile 200 en aeronaves de la Fuerza Aérea para tareas de detección y protección electrónica.
La denuncia se enmarca en la nueva estrategia sobre Malvinas
La presentación judicial se produce pocas semanas después de que el presidente Javier Milei anunciara un endurecimiento de la posición argentina frente a las actividades británicas en las Islas Malvinas, especialmente en materia de explotación petrolera.
Tras ese anuncio, el Gobierno informó que impulsaría:
- Sanciones administrativas.
- Denuncias penales.
- Gestiones diplomáticas.
contra empresas que participen en actividades vinculadas a Malvinas sin autorización argentina.
Entre los proyectos bajo observación figura Sea Lion, el principal emprendimiento petrolero impulsado por compañías británicas e israelíes en aguas próximas al archipiélago.
Las incógnitas que deberá resolver la investigación
Según la reconstrucción oficial, el avión llegó a Chile el 17 de septiembre y al día siguiente comenzó una serie de desplazamientos cuyo seguimiento público quedó interrumpido durante varios días.
La investigación ahora deberá determinar:
- Si efectivamente existieron vuelos sin autorización.
- Qué actividades desarrolló la aeronave en la región.
- Si hubo vínculos con proyectos militares o petroleros británicos.
- Y si corresponde avanzar con sanciones contra la empresa.
Mientras tanto, el caso se transformó en uno de los primeros expedientes judiciales abiertos por el Gobierno dentro de su nueva estrategia de presión sobre las actividades británicas en el Atlántico Sur.