La comunidad universitaria volverá a movilizarse este jueves en una nueva Marcha Federal Universitaria, la quinta desde el inicio del conflicto por el financiamiento de las universidades nacionales. La convocatoria tendrá como eje central el reclamo por la aplicación “efectiva e inmediata” de la Ley de Financiamiento Universitario, además de exigir recomposición salarial para docentes y no docentes, actualización de becas y mayores recursos para la educación superior y el sistema científico.
La concentración principal se realizará desde las 13:30 en las inmediaciones del Congreso Nacional, con epicentro en la Ciudad de Buenos Aires, aunque habrá movilizaciones simultáneas en distintas ciudades del país.
El reclamo por el presupuesto universitario
Uno de los principales cuestionamientos apunta al proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso.
Según el Gobierno, las universidades nacionales recibirían $7,3 billones, distribuidos entre gastos de personal, funcionamiento, transferencias corrientes, ciencia y tecnología, hospitales universitarios y programas educativos.
Sin embargo, desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) sostienen que el sistema necesita cerca de $11 billones para garantizar su funcionamiento. Además, advierten que solo el gasto en personal demandaría más de $8,3 billones, por lo que consideran insuficiente la propuesta oficial.
Docentes denuncian una pérdida salarial del 32%
La Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA) aseguró que existe una deuda salarial acumulada del 32% respecto de lo establecido por la Ley de Financiamiento Universitario.
La secretaria general del gremio, Laura Carboni, afirmó que el deterioro salarial alcanzó niveles críticos.
Según explicó, un ayudante de primera con dedicación semiexclusiva percibió en octubre un salario básico bruto de $561.659, cuando debería haber cobrado $741.111 de acuerdo con la normativa vigente.
Desde el sector sostienen que la pérdida del poder adquisitivo está provocando un éxodo de docentes e investigadores y afecta directamente la capacidad de las universidades para sostener actividades académicas y científicas.
Amplio respaldo sindical y político
La movilización contará con el acompañamiento de numerosos sectores sindicales y políticos.
Entre las organizaciones que confirmaron su participación figuran:
- CTA de los Trabajadores.
- CTA Autónoma.
- CGT.
- Asociación Trabajadores del Estado (ATE).
- La Cámpora.
- Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT).
Desde la CTA de los Trabajadores señalaron que la protesta busca defender la educación, la democracia y la soberanía nacional frente a las políticas de ajuste impulsadas por el Gobierno.
ATE realizará un paro nacional
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, confirmó además un paro nacional de 24 horas para acompañar la movilización.
El dirigente sostuvo que las protestas deben multiplicarse en todo el país y volvió a cuestionar el DNU 70/23, al que definió como una herramienta que favorece a grandes grupos económicos en detrimento de los trabajadores.
Preocupación por el deterioro salarial
Los gremios universitarios destacan que el problema excede el debate presupuestario.
Tras conocerse la inflación de septiembre, calcularon que los precios acumularon un aumento del 344,15% durante la actual gestión nacional, mientras que los salarios docentes crecieron 236,6%, ampliando la pérdida de poder adquisitivo.
Desde AGD-UBA sostienen que la situación responde a un proceso de desfinanciamiento que pone en riesgo la continuidad de proyectos de investigación, actividades de extensión y el funcionamiento cotidiano de las universidades públicas.
Una nueva jornada de tensión entre el Gobierno y las universidades
La marcha volverá a exhibir uno de los conflictos más persistentes entre la administración de Javier Milei y el sistema universitario. Mientras el Ejecutivo defiende el ajuste fiscal y la reasignación de recursos, rectores, docentes, estudiantes y trabajadores sostienen que el financiamiento actual resulta insuficiente para garantizar el funcionamiento de las universidades nacionales y reclaman el cumplimiento de la ley aprobada por el Congreso.