La Justicia estadounidense sumó nuevos cargos contra el expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Las acusaciones incluyen presuntas torturas, persecuciones políticas y graves violaciones a los derechos humanos, que se agregan a las causas por narcotráfico que ambos enfrentan en territorio estadounidense.

Las autoridades de Estados Unidos ampliaron las imputaciones contra Nicolás Maduro y Cilia Flores, incorporando nuevos cargos vinculados a presuntas torturas, persecución política y violaciones sistemáticas de los derechos humanos durante su permanencia en el poder en Venezuela.

Según la acusación, la pareja habría integrado una estructura destinada a utilizar la violencia, la intimidación y la represión contra opositores políticos, funcionarios disidentes y otras personas consideradas una amenaza para el régimen. Los fiscales sostienen que estas prácticas formaban parte de una política sistemática orientada a consolidar el control político mediante el miedo y la coerción.

Los nuevos cargos se suman a las causas por narcotráfico que ambos ya enfrentaban desde su traslado a Estados Unidos a comienzos de este año. Con la incorporación de delitos relacionados con derechos humanos, la situación judicial del exmandatario venezolano y de su esposa se vuelve aún más compleja.

La investigación también incluye denuncias vinculadas a presuntas torturas y tratos crueles contra ciudadanos estadounidenses que permanecieron detenidos en Venezuela. De acuerdo con la acusación, estos hechos habrían formado parte de una estrategia de presión y hostigamiento ejercida contra ciudadanos extranjeros y opositores políticos.

Actualmente, Maduro y Flores permanecen detenidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York. La defensa del exmandatario continúa cuestionando la jurisdicción de los tribunales estadounidenses y sostiene que Maduro cuenta con inmunidad por su condición de jefe de Estado, argumento que ha sido rechazado por la fiscalía.

En paralelo, los abogados de Cilia Flores solicitaron el beneficio de arresto domiciliario por cuestiones de salud. La defensa argumentó que la ex primera dama presenta un deterioro físico significativo, con pérdida de peso, dificultades respiratorias y problemas cardíacos que requerirían atención médica especializada.

La fiscalía considera que las nuevas acusaciones fortalecen el caso judicial al incorporar presuntas violaciones a los derechos humanos además de los delitos relacionados con el narcotráfico. Según los investigadores, los hechos denunciados habrían formado parte de un esquema de persecución política desarrollado durante años contra sectores opositores al gobierno venezolano.

El avance de la causa representa uno de los procesos judiciales más relevantes vinculados a exfuncionarios venezolanos en Estados Unidos y podría derivar en nuevas audiencias y ampliaciones de la investigación durante los próximos meses.

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