La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, sorprendió este viernes con el anuncio de una ley de amnistía general destinada a beneficiar a cientos de presos políticos y con la decisión de cerrar el Helicoide, el emblemático centro de detención denunciado durante años como escenario de torturas y abusos. La medida, presentada como un gesto de reconciliación nacional, busca “favorecer la convivencia” y reparar las heridas de más de dos décadas de confrontación política.
Una amnistía de alcance histórico
Rodríguez explicó que la norma cubrirá “todo el período político, de violencia política, de 1999 al presente”, y encargó a dos comisiones legislativas la presentación urgente del proyecto ante la Asamblea Nacional. La mandataria interina aseguró que la decisión fue conversada previamente con Nicolás Maduro, capturado por Estados Unidos a principios de enero, y pidió evitar “la violencia o la venganza” en el nuevo escenario político.
La propuesta se diferencia de liberaciones anteriores, que imponían restricciones de viaje o expresión a los excarcelados: esta vez, la amnistía eliminaría por completo las causas penales, aunque quedarían excluidos los condenados por homicidio, narcotráfico u otros delitos comunes.
El cierre del Helicoide
El anuncio incluyó el cierre definitivo del Helicoide, símbolo de la represión chavista, que será reconvertido en un centro deportivo y de servicios sociales. Rodríguez, abogada de profesión, vinculó la decisión con su propia historia personal: “Mi padre estuvo preso y murió fruto de tortura. Creo en la Constitución, en la soberanía nacional y en la justicia al pueblo venezolano. Necesitamos más justicia, con más tutela jurídica”.
Reacciones internacionales y liberaciones recientes
El anuncio se produce en el marco de un proceso gradual de excarcelaciones iniciado tras la caída de Maduro. Estados Unidos confirmó la liberación de todos sus ciudadanos detenidos en Venezuela y celebró el avance en las negociaciones con la presidencia interina. La embajada norteamericana en Caracas, cerrada desde 2019, prepara su reapertura como parte del nuevo acercamiento bilateral.
Organizaciones de derechos humanos, sin embargo, mantienen cautela. La CIDH advirtió que aún operan “centros de detención clandestinos” y que el número de liberados es menor al informado por el chavismo: mientras el oficialismo habla de más de 600 excarcelaciones, ONG como Foro Penal contabilizan 302.
Entre los beneficiados se espera la salida inmediata del dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, número dos de María Corina Machado en la Plataforma Unitaria, encarcelado hace diez meses. También se confirmó la liberación del peruano-estadounidense Arturo Gallino Rullier, quien ya viajó a Estados Unidos.
Reformas económicas y giro político
El anuncio de la amnistía coincidió con otro cambio de envergadura: la aprobación de una reforma a la ley de hidrocarburos que flexibiliza el control estatal sobre las operaciones petroleras, vigente durante las últimas dos décadas. La modificación busca atraer inversión extranjera y reconoce el arbitraje internacional en disputas de inversión, un giro que marca un nuevo rumbo en la política económica venezolana.
Un cambio de época
La combinación de la amnistía, el cierre del Helicoide y la reforma petrolera refleja un intento del chavismo de recomponer su relación con Estados Unidos y abrir un nuevo capítulo político tras la captura de Maduro. Sin embargo, persisten dudas sobre la verdadera magnitud de las liberaciones y el compromiso del régimen con los derechos humanos, en un país donde los presos políticos han sido históricamente utilizados como moneda de cambio en negociaciones internacionales.