El Gobierno puso en marcha el nuevo mecanismo para cubrir vacantes en la Justicia federal tras la entrada en vigencia del decreto 467/2026, que elimina instancias de participación ciudadana en la selección de magistrados. La medida, que ya se aplicó para publicar candidatos a cargos clave en Comodoro Py y otros tribunales federales, generó fuertes críticas de organizaciones civiles, que advierten que la reforma reduce la transparencia y debilita los controles democráticos.
El cambio se produce en un contexto de alta sensibilidad institucional: la Corte Suprema funciona con solo tres integrantes, el Gobierno no logró aún cubrir las vacantes existentes y varias causas de alto impacto político dependen de tribunales federales en proceso de renovación.
El estreno del decreto: candidatos para Comodoro Py y tribunales estratégicos
El jueves pasado, el Ejecutivo publicó en el Boletín Oficial las primeras listas de candidatos bajo el nuevo sistema. Entre ellas:
- Dos ternas para la Cámara Federal porteña, tribunal que revisa las principales causas de corrupción y que deberá intervenir en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
- Cuatro cargos en la Cámara en lo Civil y Comercial Federal.
- Propuestas para juzgados federales en Corrientes, La Plata, Santa Fe, el fuero penal económico y una defensoría pública.
Las ternas para la Cámara Federal incluyen nombres de alto perfil:
- Fernando Poviña, vicepresidente de la Cámara Federal de Tucumán (máximo puntaje del concurso).
- Agustina Rodríguez, coordinadora de la UFEM.
- Pablo Yadarola, juez en lo Penal Económico, involucrado en la causa del avión de Flybondi y en el viaje a Lago Escondido.
- Julio César Di Giorgio, juez del TOC 4 de San Martín.
- Cecilia Incardona, fiscal en causas de espionaje político durante el macrismo.
- Pablo Bertuzzi, actual camarista, trasladado durante el gobierno de Cambiemos.
Qué cambia el decreto 467/2026
El decreto modifica el histórico 222/2003, firmado por Néstor Kirchner, que obligaba al Ejecutivo a:
- publicar antecedentes de los candidatos,
- abrir un período de observaciones ciudadanas,
- recibir apoyos u objeciones de organizaciones, universidades y particulares.
El Gobierno argumenta que esa instancia duplicaba procedimientos ya previstos en el Senado y que su eliminación agiliza los nombramientos.
Las críticas: “retroceso democrático”, “menos transparencia” y “menos control ciudadano”
Un conjunto de organizaciones —entre ellas ACIJ, CELS, ELA, Poder Ciudadano, Amnistía Internacional, Democracia en Red, INECIP, CEJIL y GQUAL— publicó un documento conjunto en el que advierten:
- que la reforma limita el escrutinio público,
- que reduce la igualdad de género en el acceso a cargos judiciales,
- que debilita la diversidad de perfiles en la Corte,
- y que achica la participación ciudadana en decisiones institucionales clave.
Según el comunicado:
“La reforma debilita los estándares de acceso igualitario a los cargos judiciales y reduce los espacios de control público sobre decisiones fundamentales del sistema institucional”.
Las organizaciones remarcan que la instancia ante el Senado no reemplaza la etapa previa de observaciones ciudadanas:
“Son momentos distintos, con finalidades distintas. La intervención ciudadana inicial puede influir en la propuesta del Ejecutivo”.
El impacto en la Corte Suprema y el trasfondo político
Desde la renuncia de Juan Carlos Maqueda en diciembre de 2024, la Corte funciona con:
- Horacio Rosatti,
- Carlos Rosenkrantz,
- Ricardo Lorenzetti.
El Gobierno intentó cubrir las dos vacantes con Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, pero el Senado rechazó ambas nominaciones en abril de 2025.
Para las organizaciones, la eliminación de criterios de género y diversidad en la selección de candidatos para la Corte agrava el problema.
La directora de ELA, Natalia Gherardi, sostuvo:
“El decreto limita el diálogo democrático y muestra el poco interés del Ejecutivo en la participación ciudadana”.
Recordó además que la presencia de mujeres en la Corte —como Carmen Argibay y Elena Highton de Nolasco— permitió avances institucionales como la creación de la Oficina de Violencia Doméstica, la Oficina de la Mujer y la consolidación de políticas de género.
El rol del Senado cobra centralidad
Con la eliminación de la instancia de impugnaciones ante el Ministerio de Justicia, las organizaciones remarcan que el Senado deberá asumir un rol más activo:
- evaluar antecedentes,
- formular preguntas sustantivas,
- garantizar estándares de transparencia,
- y asegurar criterios de igualdad de género y diversidad.
Gherardi lo sintetizó así:
“Sin participación ciudadana en la etapa inicial, el control del Senado se vuelve aún más decisivo”.