La querella que representa a familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan pidió este martes la pena máxima de cinco años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos para los cuatro ex altos mandos de la Armada acusados por la tragedia ocurrida en noviembre de 2017. El planteo se realizó ante el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, en la primera jornada de alegatos del juicio que se desarrolla en Río Gallegos.
Las abogadas Lorena Arias y Valeria Carreras sostuvieron que el hundimiento no fue un hecho imprevisible ni atribuible únicamente a las condiciones del mar, sino el resultado de una cadena de decisiones, omisiones y advertencias ignoradas dentro de la estructura de mando naval.
“No fue el mar el que los hundió”, afirmaron durante su exposición.
La acusación: una misión para la que el submarino no estaba preparado
La querella respaldó la acusación fiscal y presentó una reconstrucción propia de los hechos previos al naufragio. Según plantearon, el submarino fue enviado a cumplir una misión para la que no estaba plenamente apto, acumulaba problemas técnicos y existían antecedentes de fallas que debieron haber encendido alarmas.
Los acusados son:
- Luis Enrique López Mazzeo
- Claudio Villamide
- Héctor Alonso
- Hugo Correa
Para las representantes de los familiares, los cuatro ex jefes militares conocían las limitaciones operativas del ARA San Juan y aun así autorizaron su continuidad en actividad.
Fallas técnicas y advertencias previas
Uno de los puntos centrales del alegato fue el estado general del submarino. La querella sostuvo que la nave llevaba años sin mantenimiento clave y que durante el juicio surgieron pruebas que muestran una progresiva degradación técnica.
También cuestionaron la estrategia de las defensas, que intentaron centrar la responsabilidad en el entonces comandante del submarino, Pedro Martín Fernández. Según las abogadas, Fernández había elevado reportes formales sobre novedades técnicas meses antes de la última navegación, y esos informes eran conocidos por sus superiores.
Otro episodio señalado fue una navegación realizada en julio de 2017, donde se registraron fallas que —según la acusación— anticipaban los problemas que reaparecerían meses después. Para la querella, ese antecedente fue una señal temprana de riesgo que no fue debidamente valorada.
“Los 44 murieron por fallas evitables”
Al cierre de la jornada, las representantes de los familiares insistieron en que los 44 tripulantes perdieron la vida por una combinación de fallas, omisiones y decisiones evitables dentro de la cadena de mando.
Además de las penas de prisión e inhabilitación, dejaron planteada la posibilidad de avanzar más adelante con reclamos civiles por daños sufridos por los familiares.
Qué sigue en el juicio
El proceso continuará en los próximos días con:
- los alegatos de otras querellas,
- las exposiciones de las defensas,
- y finalmente la deliberación del tribunal, que deberá determinar si existieron responsabilidades penales en una de las tragedias más graves de la historia reciente de la Armada Argentina.