La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó nuevas medidas. El fiscal federal Gerardo Pollicita citó a declarar al contratista que realizó las refacciones en la vivienda del funcionario en el barrio privado Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz.
El contratista bajo la lupa
El citado es Matías Tabar, representante de la firma Grupo AA, quien deberá presentarse el 24 de abril a las 9:00 en los tribunales de Comodoro Py. La fiscalía le requirió toda la documentación vinculada con la obra: presupuestos, contratos, órdenes de servicio, facturación, comprobantes de pago y comunicaciones con Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, titular de la propiedad.
El pedido incluye además constancias de pagos en cualquier modalidad (efectivo, transferencias, cheques, billeteras virtuales), identificación de cuentas bancarias, planos, renders, fotografías y comunicaciones con la administración del barrio. También se solicitó la nómina del personal que participó en la obra y el detalle de proveedores y materiales utilizados.
Las expensas y el ingreso al country
En paralelo, Pollicita pidió a la administración del Indio Cuá Golf Club que informe cómo se abonó la tasa de ingreso de US$ 5.000 correspondiente al lote 380, con recibo fechado el 30 de noviembre de 2024. Además, requirió documentación sobre el pago de expensas durante todo el período investigado, con detalle de fechas, montos y modalidades de pago.
Las jubiladas prestamistas
La causa también avanza sobre las operaciones inmobiliarias en Caballito. Fueron citadas Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, jubiladas que financiaron la compra del departamento de Adorni en la calle Miró al 500. En noviembre de 2025, ambas vendieron el inmueble al funcionario por US$ 230.000, de los cuales US$ 200.000 se financiaron mediante una hipoteca privada sin interés.
Las testigos deberán concurrir con toda la documentación relativa al origen de los fondos y permitir la compulsa de sus teléfonos celulares, incluyendo chats, audios, correos electrónicos y registros de llamadas. También se les exigió aportar sus declaraciones juradas impositivas ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) de los períodos 2022 a 2025.
Un caso en expansión
La investigación ya involucra a escribanos, vendedores, prestamistas y contratistas, con un foco puesto en reconstruir el circuito del dinero detrás de las operaciones patrimoniales de Adorni. El fiscal Pollicita busca determinar si existió un financiamiento irregular o un ocultamiento de bienes en las declaraciones juradas del jefe de Gabinete.
La causa se expande con cada nueva citación y apunta a desentrañar no solo las operaciones inmobiliarias, sino también el financiamiento de obras y gastos asociados a las propiedades de Adorni. El próximo paso será evaluar la consistencia de la documentación aportada y el origen de los fondos, en un expediente que ya se perfila como uno de los más sensibles del escenario político y judicial.