La disputa judicial por la expropiación de YPF en Estados Unidos atraviesa semanas decisivas. El Gobierno argentino presentó una moción de emergencia ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York para suspender el proceso de discovery, en el marco del litigio que enfrenta al país por una sentencia de u$s16.000 millones.
La estrategia argentina
La presentación, realizada el viernes pasado, busca detener medidas que el Estado considera ilegítimas y que, según la Procuración del Tesoro, vulneran la Constitución, las leyes locales y principios del derecho internacional. Desde el entorno oficial remarcan que el objetivo es proteger la soberanía nacional y sostener el estado de derecho mientras se esperan definiciones clave en distintas instancias judiciales.
Audiencia clave en abril
El próximo 16 de abril se celebrará una audiencia central en Nueva York, donde se tratarán de manera simultánea tres apelaciones vinculadas al caso.
- La primera cuestiona la orden de entrega del 51% de las acciones de YPF, conocida como turnover.
- La segunda se refiere al proceso de discovery sobre dispositivos personales.
- La tercera fue presentada por la organización Republic Action for Argentina, en relación con el pedido de entrega de acciones.
La relevancia de esta audiencia radica en que podría redefinir el rumbo del litigio y marcar un punto de inflexión en la estrategia de defensa argentina.
Apoyo internacional
En los últimos días, el gobierno de Estados Unidos, a través del Department of Justice, solicitó intervenir oralmente en respaldo de la posición argentina. Ya se había presentado como amicus curiae junto a otros diez Estados en la discusión sobre el turnover. La participación del Ejecutivo estadounidense es considerada inusual en un litigio de estas características y constituye una señal política de apoyo a la postura argentina.
La sentencia de u$s16.000 millones
En paralelo, la Argentina aguarda el fallo de la Corte de Apelaciones sobre la sentencia original de u$s16.000 millones, cuya audiencia se realizó en octubre pasado. Este punto es considerado el núcleo del litigio y su resolución será determinante para el futuro del caso.
El analista Sebastián Maril advirtió que, por la cantidad de recursos presentados y cuestiones pendientes, la decisión podría demorarse varios meses, aunque estimó que no debería extenderse más allá de septiembre de 2026. Según su evaluación, el fallo será trascendental porque definirá el rumbo del proceso y condicionará los pasos de las partes involucradas.
Un proceso con impacto político y económico
La causa YPF no solo representa un desafío jurídico de magnitud, sino también un tema de alta sensibilidad política y económica. La eventual confirmación de la sentencia implicaría un golpe financiero para el país y podría afectar la relación con los mercados internacionales. Al mismo tiempo, el desenlace tendrá consecuencias en la política interna, donde el Gobierno busca mostrar firmeza en la defensa de los intereses nacionales frente a demandas externas.