La investigación que la Justicia de Estados Unidos lleva adelante sobre presuntas irregularidades financieras vinculadas a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó este jueves un nuevo capítulo. El gerente de Comercialización y Marketing del organismo, Leandro Petersen, considerado uno de los testigos centrales del expediente, no se presentó a declarar ante la Corte Federal del Distrito Sur de Florida. Su ausencia, según confirmaron fuentes cercanas al proceso, obedeció a que su defensa legal mantiene negociaciones con los fiscales federales para alcanzar un eventual acuerdo de inmunidad.
La causa, de alto impacto institucional y deportivo, también involucra al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y a su principal colaborador, el tesorero Pablo Toviggino, quienes figuran entre los investigados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. La pesquisa apunta a determinar el destino y la trazabilidad de más de 300 millones de dólares generados por contratos comerciales, acuerdos de patrocinio y la organización de partidos amistosos internacionales de la Selección argentina, liderada por Lionel Messi.
Empresarios mencionados y alcance del expediente
Además de los directivos de la AFA, el expediente menciona a los empresarios Javier Faroni, productor teatral, y Diego Lucero, socio fundador de la firma Central Park Drink. Ambos fueron incluidos en los requerimientos documentales del tribunal, aunque no estaban obligados a presentarse a declarar en esta instancia preliminar.
La investigación se desarrolla bajo la órbita del Gran Jurado de Florida, un mecanismo judicial característico del sistema estadounidense que opera a puertas cerradas y sin plazos estrictos para emitir conclusiones. Su función es determinar si existen elementos suficientes para imputar formalmente a los involucrados por delitos financieros cometidos en territorio norteamericano.
Qué investiga la Justicia norteamericana
El fiscal federal Michael Berger, junto con el representante del Departamento de Justicia Patrick Gushue, encabeza la recolección de pruebas destinadas a establecer si los directivos de la AFA y los empresarios vinculados incurrieron en fraude bancario y lavado de activos, delitos contemplados en el código penal de Estados Unidos.
Las sospechas se centran en la empresa TourProdEnter LLC, radicada en territorio estadounidense y vinculada a Faroni. Según las hipótesis de los investigadores, esta compañía habría administrado y canalizado aproximadamente 300 millones de dólares desde 2021, provenientes de la explotación comercial de la Selección argentina en el exterior. Los fondos se habrían generado a través de contratos para partidos amistosos internacionales y acuerdos de patrocinio con marcas globales de primer nivel.
Movimientos financieros bajo la lupa
Los agentes federales lograron identificar que el entramado comercial investigado utilizó bancos de alcance global, entre ellos JP Morgan, Citibank, Bank of America, Synovus y PNC Bank, para mover los fondos cuestionados. La utilización de estas entidades, según fuentes judiciales, refuerza la competencia de la Justicia estadounidense para intervenir en la causa, dado que las operaciones se habrían realizado dentro del sistema financiero norteamericano.
Un proceso sin plazos y con impacto institucional
Debido a las particularidades del sistema legal de Estados Unidos, el Gran Jurado deliberará sin un límite temporal definido. Su decisión será determinante para establecer si Tapia, Toviggino, Lucero, Faroni y otros involucrados deberán enfrentar cargos formales por los delitos investigados.
Mientras tanto, la ausencia de Petersen en la audiencia y las negociaciones de su defensa con la fiscalía agregan un nuevo elemento de tensión a un expediente que ya generó preocupación en el ámbito deportivo y político argentino. La causa, que se desarrolla lejos de Buenos Aires pero con consecuencias potencialmente profundas, podría redefinir el futuro institucional de la AFA y el manejo comercial de la Selección campeona del mundo.