La Armada Argentina atraviesa una de las investigaciones internas más delicadas de los últimos años luego de que su conducción dispusiera el pase a disponibilidad y el relevo inmediato de 13 integrantes de la fuerza en el marco de una causa judicial que indaga un presunto fraude por más de $938 millones vinculado a la liquidación de salarios.
La decisión fue adoptada por el jefe de la Armada, el almirante Juan Carlos Romay, después de que se formalizara una denuncia penal ante la Justicia Federal por una serie de irregularidades detectadas en el sistema de haberes de la institución. La investigación quedó radicada en el Juzgado Federal N.º 2 y busca determinar las responsabilidades por un esquema que habría operado durante varios años mediante la manipulación de registros salariales.
La investigación apunta a una maniobra sostenida durante años
De acuerdo con la denuncia presentada por las autoridades administrativas de la fuerza, las irregularidades habrían ocurrido entre julio de 2022 y enero de 2026 mediante modificaciones manuales realizadas sobre los archivos de pago antes de su envío al sistema bancario.
Las auditorías internas detectaron que, una vez superados los controles habituales, determinados registros eran alterados para incorporar suplementos inexistentes, duplicar asignaciones o generar pagos no autorizados. Posteriormente, los archivos eran restablecidos a sus valores originales, lo que dificultaba la detección inmediata de las transferencias irregulares.
Según los informes preliminares, el perjuicio económico total investigado supera los $980 millones, aunque el monto efectivamente pendiente de recuperación ronda los $938 millones, una cifra que convirtió al caso en una de las mayores denuncias por presuntas irregularidades administrativas registradas en la fuerza naval en los últimos años.
El foco de la causa está puesto en un exjefe del área de haberes
La investigación señala como principal involucrado al entonces jefe del Departamento Revista de la Armada, el capitán de navío Ariel Atanasoff, quien, según consta en las actuaciones administrativas, habría reconocido su participación en la operatoria.
De acuerdo con la documentación incorporada al expediente, el oficial admitió haber decidido personalmente las acreditaciones, los montos y los beneficiarios de las transferencias cuestionadas. También habría manifestado que actuó con el propósito de favorecer económicamente a personas de su entorno cercano.
Entre los nombres que aparecen en la investigación se encuentra María del Carmen Prieto, identificada como cónyuge del oficial investigado, quien figura como una de las principales receptoras de fondos presuntamente obtenidos mediante la maniobra.
Los investigadores también analizan transferencias realizadas a otras personas sin vínculo laboral con la institución militar, una circunstancia que agravó las sospechas sobre el posible desvío de recursos públicos.
Un sistema de control que terminó bajo cuestionamiento
Uno de los aspectos más llamativos de la causa es que, durante los primeros meses de la investigación interna, las autoridades creyeron estar frente a simples errores administrativos.
Tras detectarse inconsistencias salariales en algunos agentes, varios involucrados devolvieron parte de los fondos observados y, en una primera instancia, no surgieron evidencias directas que comprometieran a los responsables del área encargada de administrar los haberes.
Esa situación derivó en una paradoja institucional: el propio funcionario que luego quedó bajo sospecha habría recibido inicialmente instrucciones para fortalecer y supervisar los mecanismos de control destinados a evitar nuevas irregularidades.
Con el avance de las auditorías informáticas y contables comenzaron a aparecer elementos que permitieron reconstruir el entramado de transferencias y establecer vínculos entre algunos de los beneficiarios y funcionarios de áreas sensibles de la administración financiera de la Armada.
La Justicia busca determinar el destino final de los fondos
La causa judicial no sólo intenta establecer quiénes participaron de las maniobras, sino también reconstruir el recorrido completo del dinero transferido.
Los investigadores analizan cientos de operaciones bancarias realizadas durante más de tres años y medio para determinar si existieron beneficiarios directos e indirectos, posibles retornos de fondos o circuitos de distribución que excedan a las personas inicialmente identificadas.
Asimismo, la Justicia deberá definir la eventual calificación penal de los hechos. Las figuras que aparecen bajo análisis incluyen posibles delitos vinculados con defraudación contra la administración pública, peculado y otras conductas relacionadas con el manejo indebido de recursos estatales.
Malestar interno por el contraste con la situación salarial
La difusión de los montos involucrados generó un fuerte impacto dentro de la Armada debido al contexto económico que atraviesa gran parte del personal militar.
Diversos informes internos y estudios financieros vienen advirtiendo sobre el deterioro de los ingresos de los efectivos y el crecimiento de los niveles de endeudamiento entre integrantes de las Fuerzas Armadas.
En ese escenario, la revelación de transferencias irregulares por cifras millonarias provocó malestar entre sectores de la fuerza, donde muchos efectivos enfrentan dificultades económicas y elevados niveles de morosidad crediticia.
La comparación entre los fondos bajo investigación y los salarios del personal contribuyó a amplificar la repercusión del caso dentro de la estructura naval.
El escándalo estalla en medio de los planes de modernización militar
La denuncia surge además en un momento particularmente sensible para la política de Defensa.
El Gobierno nacional impulsa un ambicioso proceso de reequipamiento militar que contempla nuevas inversiones para la Armada, incluyendo proyectos de adquisición de submarinos, fragatas y mejoras de infraestructura estratégica.
Paralelamente, el Presupuesto 2027 prevé importantes recursos para el funcionamiento de las Fuerzas Armadas y para distintas iniciativas vinculadas con la modernización de capacidades navales.
En este contexto, la investigación por el presunto fraude agrega un factor de presión sobre la conducción de la Armada y sobre los sistemas de control administrativo de la fuerza.
Mientras avanza la causa judicial, las autoridades navales ya dispusieron las primeras medidas disciplinarias y no se descartan nuevas decisiones internas. La investigación todavía se encuentra en una etapa inicial y la Justicia deberá determinar el alcance definitivo de las responsabilidades, el recorrido de los fondos y la eventual participación de otros implicados que continúan bajo análisis.