La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) confirmó la realización de un paro nacional con movilización al Congreso para el próximo miércoles 11 de febrero, en rechazo a la reforma laboral que será debatida ese día en el Parlamento.
La medida se enmarca en un plan de lucha que el gremio anticipa podría profundizarse con nuevas acciones, a partir de lo que se defina en el plenario federal de delegados convocado para el lunes 9 de febrero en la sede central del sindicato, ubicada en Avenida Belgrano 2527 de la Ciudad de Buenos Aires.
El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, señaló que el encuentro tendrá lugar a las 14 horas en el Anfiteatro Eva Perón y que allí se debatirán “acciones directas adicionales” a la movilización ya programada. “Además del paro y la movilización al Congreso que ya definimos para el día 11 en rechazo de la reforma laboral regresiva, el plenario tiene que debatir todos estos temas y definir otras medidas de acción directa para que se reabran las paritarias de manera inmediata, rechazar cualquier posibilidad de nuevos despidos en el sector público y ponerle fin a las persecuciones de dirigentes sindicales y trabajadores”, afirmó.
Reclamos y críticas al Gobierno
ATE expuso que los principales conflictos que atraviesan al sector estatal incluyen:
- Congelamiento salarial y pérdida del poder adquisitivo.
- Intento de recortar un 20% de la planta de personal.
- Reducción de partidas presupuestarias en áreas clave.
- Crisis en la obra social, con denuncias de coseguros ilegales incluso para operaciones.
- Persecución sindical y política contra delegados, especialmente en el Hospital Garrahan.
Aguiar también rechazó las declaraciones del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien amenazó con despedir al 20% de los trabajadores bajo su órbita. El gremio denunció que existen intentos de cesantías en otros sectores estatales y cuestionó la pretensión de quitar la tutela sindical a los delegados del Garrahan para facilitar su despido.
Contexto económico
En el plano salarial, ATE recordó que durante 2025 los aumentos en la Administración Pública Nacional alcanzaron apenas el 17,1%, mientras que la inflación del período escaló al 32,5%, lo que profundizó la pérdida de poder adquisitivo. Por ello, el sindicato exige una reapertura urgente de paritarias y un aumento salarial de emergencia.
Con esta agenda, el gremio busca no solo frenar la reforma laboral, sino también revertir el conjunto de políticas que, según denuncian, afectan derechos laborales, condiciones de trabajo y estabilidad del empleo público.
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