El Gobierno nacional dio este martes un nuevo paso en la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas al presentar un pedido formal ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), con sede en Hamburgo, Alemania, para intentar bloquear el avance de proyectos petroleros autorizados por el Reino Unido en aguas cuya jurisdicción continúa siendo objeto de controversia internacional.
La presentación constituye la primera vez que la Argentina busca que un tribunal internacional se pronuncie sobre las actividades unilaterales de exploración y explotación de hidrocarburos impulsadas por Londres en el área marítima que rodea al archipiélago.
El objetivo de la presentación
Según informó la Casa Rosada, la solicitud presentada ante el Tribunal del Mar tiene como finalidad “preservar los derechos soberanos argentinos sobre su plataforma continental” y evitar que las actividades petroleras autorizadas unilateralmente por el Reino Unido profundicen una controversia cuya existencia ha sido reconocida por las Naciones Unidas.
La medida llega apenas dos semanas después de que la Argentina intimara formalmente al Gobierno británico a detener el desarrollo del proyecto Sea Lion. Ante la falta de respuesta favorable, el Ejecutivo decidió avanzar por la vía judicial internacional que había anticipado a fines de septiembre.
La acción se desarrolla en el marco de un procedimiento arbitral iniciado por la Argentina bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), el principal instrumento jurídico internacional que regula los derechos de los Estados sobre los recursos marítimos y establece mecanismos para resolver disputas entre países.
Qué es el proyecto Sea Lion
En el centro del conflicto se encuentra Sea Lion, uno de los proyectos petroleros offshore más importantes proyectados en el Atlántico Sur.
Ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, aproximadamente a 220 kilómetros al norte de las islas, el emprendimiento está controlado por dos compañías:
- Navitas Petroleum, que posee el 65% de participación.
- Rockhopper Exploration, titular del 35% restante.
Las empresas mantienen su cronograma original y prevén comenzar las perforaciones de desarrollo a principios de 2027 para iniciar la producción comercial durante 2028.
Según los planes presentados por las compañías, la primera etapa del proyecto podría alcanzar una producción de hasta 55.000 barriles diarios de petróleo, mientras que las fases posteriores permitirían elevar esa cifra hasta aproximadamente 125.000 barriles por día.
El choque diplomático con Londres
La ofensiva judicial argentina se produce en paralelo con una creciente tensión diplomática entre Buenos Aires y Londres.
A comienzos de octubre, el Reino Unido cuestionó la decisión argentina de recurrir al arbitraje internacional y sostuvo que la medida constituye un intento de afectar los derechos británicos en el área.
La respuesta del Gobierno argentino fue inmediata. A través de un comunicado oficial, rechazó esa interpretación y recordó que ambos países son Estados parte de la CONVEMAR, por lo que aceptaron los mecanismos previstos por el propio tratado para resolver controversias surgidas de su aplicación.
El canciller Pablo Quirno sostuvo además que el procedimiento representa un hecho sin precedentes al señalar que es la primera oportunidad en que las actividades unilaterales británicas vinculadas con la explotación de recursos naturales en Malvinas son sometidas al análisis de un tribunal internacional.
El argumento argentino
La posición oficial sostiene que las autorizaciones otorgadas por el Reino Unido para desarrollar proyectos petroleros en el área en disputa son incompatibles con el derecho internacional y generan un perjuicio potencialmente irreversible sobre los derechos soberanos que reclama la Argentina.
Por ese motivo, la presentación ante el Tribunal del Mar busca obtener medidas que impidan el avance de las operaciones mientras se resuelve el fondo de la controversia.
En el cierre de su comunicado, la Oficina del Presidente ratificó los “legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía” argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, reafirmando una de las posiciones históricas de la política exterior argentina.
La causa abre ahora un nuevo capítulo en la disputa diplomática y jurídica que ambos países mantienen desde hace décadas y que, por primera vez, tendrá un componente directamente vinculado a la explotación petrolera en el Atlántico Sur.